Tras la anulación de la elección del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, se revive la polémica en torno a las constantes denuncias e investigaciones que han sacudido a muchos de los mandatarios elegidos mediante la modalidad de elección popular en la capital santandereana. Este es un recuento de los pasados casos:
Hace 37 años, el 13 de marzo de 1988, por primera vez los alcaldes de Colombia fueron elegidos por los ciudadanos. Había mucha expectativa por esta anhelada conquista democrática en todo el país y Bucaramanga no fue la excepción.
Si bien nuestra ciudad contó con los dos mejores alcaldes del país elegidos mediante voto popular en los primeros comicios, Alberto Montoya Puyana (1988-1990) y el hoy desaparecido Alfonso Gómez Gómez (1990-1992), no siempre tuvimos los mismos éxitos.
Entre 1992 y 1995, otro alcalde, Jaime Rodríguez Ballesteros, aunque no logró posicionarse como el mejor mandatario del país, sí consiguió sacar adelante un importante número de obras para la ciudad. Entre ellas destaca el Viaducto La Flora, ejecutado tras una gestión libre de investigaciones.
Algunos de los investigados
Cuando se pensó que se escribirían nuevos capítulos de mayor democracia, transparencia y control ciudadano, la capital santandereana comenzó a ver cómo ese ideal se desdibujaba.
¡Es cierto! En Bucaramanga, la lista de mandatarios cuestionados ha sido tan extensa que hoy resulta inevitable preguntarse si la elección popular ha cumplido con su propósito o, por el contrario, si abrió la puerta a una seguidilla de demandas e inhabilidad, como la que vivimos en la actualidad con la anulación de la elección del mandatario local, Jaime Andrés Beltrán Martínez.
En efecto, lo que se pensó como un avance democrático terminó convertido en un rosario de investigaciones, suspensiones, inhabilidades y condenas. La gobernabilidad ha quedado en entredicho y la confianza ciudadana ha sido golpeada.
Yani León Castañeda, experta en temas de gobernabilidad, explica que el problema está en la raíz: campañas electorales costosas, financiamiento poco transparente, errores en campañas y la tentación de recuperar lo invertido desde el poder.
“Cuando las chequeras derrotaron a las ideas, cada alcalde comenzó a recomponer su ‘plante’ con los recursos públicos. La tentación de sacarle tajada a todo está ahí, y el mejor pastel es la Alcaldía”, afirma León Castañeda.
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Por eso no sorprende que, desde hace más de tres décadas hasta hoy, muchos mandatarios de Bucaramanga hayan enfrentado cuestionamientos judiciales o disciplinarios. Algunos salieron libres, otros no. A continuación, un repaso por los antecedentes de cada uno:
Carlos Ibáñez Muñoz (1995-1997)
Su administración, si bien fue calificada como la de las grandes obras, fue señalada por irregularidades en un contrato firmado a través del Isabú para la vigilancia de puestos de salud. La investigación lo vinculó a posibles delitos de celebración indebida de contratos, peculado y prevaricato. Al final, salió absuelto.
Néstor Iván Moreno Rojas (2001-2003)
La Procuraduría lo sancionó con suspensión de dos meses sin remuneración por un contrato de 480 millones de pesos para la recuperación de espacio público. El órgano de control concluyó que el mandatario celebró un contrato directo sin cumplir los requisitos de ley.
De manera paradójica, Moreno Rojas fue condenado mucho después no por su gestión local, sino por su participación en el carrusel de la contratación de Bogotá, por los delitos de concusión, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. En el papel, él direccionó contratos en Bogotá mientras su hermano, el también condenado Samuel Moreno Rojas, fue Alcalde. Estuvo recluido en la cárcel en San Gil, Santander, pero fue trasladado a La Picota luego de que se descubriera que allí tenía lujos no admitidos para un recluso.
Honorio Galvis Aguilar (2004-2007)
Fue investigado por la expropiación irregular de 26 predios, sin contar con autorización del Concejo. Aunque la Fiscalía lo acusó de prevaricato por acción, en 2010 un juez lo absolvió.
Fernando Vargas Mendoza (2008-2011)
Si bien a Fernando Vargas Mendoza se le atribuye el diseño de grandes obras viales, como buena parte de la Troncal Norte-Sur, el diseño del Viaducto Alejandro Galvis Ramírez, el Intercambiador del Mutis, el Embalse de Tona, entre otras, al final La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 11 años por irregularidades en la construcción del Parque Extremo. Se señaló que habría modificado el objeto contractual sin estudios técnicos ni económicos. Hoy, 14 años después, ya estaría habilitado para aspirar a otro cargo de elección popular y, según trascendió, no se descarta esa posibilidad.
Héctor Moreno Galvis (q.e.p.d.) (2011, encargado los últimos tres meses)
Enfrentó una investigación por contratos presuntamente irregulares, peculado y falsedad ideológica. Uno de los procesos estuvo relacionado con un contrato de $ 75 millones con Corsoder para una actividad que nunca se realizó. Él falleció años después.
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Luis Francisco Bohórquez Pedraza (2012-2015)
El mayor escándalo de su administración fue el caso Manantial de Amor. Aunque está en libertad por vencimiento de términos, la Fiscalía tiene grabaciones que lo vinculan con presunta manipulación de investigaciones fiscales desde la Contraloría.
Un juez dictó la condena contra el exalcalde y fue de 17 años y 11 meses en primera instancia. Este caso viene desde el 2016 cuando se descubrió que quienes pertenecían a la iglesia del ex mandatario fueron contratados en la administración municipal, fueron cerca de 17,000 millones los que se gastaron en más de cinco contratos bajo el mandato de Luis Francisco Bohórquez.
El juez noveno indicó que Bohórquez Pedraza deberá responder por una multa por 592 millones de pesos por el término de la pena definida. “Se da por una conducta interés indebido en la celebración de contratos en cinco oportunidades”, dijo en audiencia de la lectura del fallo.
Rodolfo Hernández Suárez (2016-2019)
El desaparecido exalcalde y excandidato presidencial fue condenado por interés indebido en la celebración de contratos en el caso Vitalogic. El proceso se convirtió en uno de los más mediáticos de la ciudad, hasta que a mediados del año fue inhabilitado. Hernández Suárez falleció pocos meses después.
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Jaime Andrés Beltrán Martínez (2024-2025)
La elección del actual mandatario, tras un largo un proceso judicial en curso, fue anulada. Se le adelantaron varios procesos por doble militancia. Justo hoy el Consejo de Estado falló en segunda instancia y debe dejar su cargo.
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Análisis: Entre la corrupción y la politización de la justicia
Expertos coinciden en que este panorama tiene dos caras: por un lado, la corrupción enquistada en la administración pública; por otro, la judicialización de la política. “Hoy al contendor político ya no se le derrota en las urnas, sino en los estrados judiciales”, advierte Jerónimo Garcés.
Sin embargo, las denuncias ciudadanas también se multiplican, alimentadas por las redes sociales. Algunas con fundamento sólido, otras usadas como arma política. En ese escenario, la percepción de que “en Bucaramanga nada está limpio” se ha vuelto común, erosionando aún más la confianza en la autoridad local.
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Así las cosas, lo vivido desde 1988 hasta hoy deja claro que la elección popular de alcaldes no ha blindado a la ciudad de la corrupción ni de la manipulación política, ni mucho menos de las irregularidades. Por el contrario, la capital santandereana parece atrapada en un ciclo de escándalos.
Frente a este panorama, los expertos son categóricos: el reto está en los ciudadanos. Votar de manera informada, revisar los planes de gobierno, analizar quién financia las campañas y exigir transparencia son pasos urgentes para evitar repetir la historia.
La pregunta que queda abierta es si Bucaramanga está preparada para romper ese círculo vicioso en las próximas elecciones o si seguirá en el mismo camino de desconfianza y deslegitimación.
Para tener en cuenta: En esta lista no se incluyeron los nombres Luis Fernando Cote Peña, alcalde entre 1998 y 2000; ni el de Juan Carlos Cárdenas, mandatario entre 2020 y 2023, porque sus requerimientos en juzgados y tribunales jamás pasaron a mayores. Lo propio pasó con Manolo Azuero, (a finales de 2019) quien fue el encargado de remplazar a Rodolfo Hernández Suárez, por un breve tiempo.
