El debate está abierto. Muchos ciudadanos aseguran que “no se debería pagar un servicio que no se presta a cabalidad”; otros sostienen que la exoneración del pago “no es viable”.
Publicado por: Euclides Kilô Ardila
Una singular propuesta, que está a punto de convertirse en proyecto de acuerdo, se planteó desde el Concejo de Bucaramanga. La idea es que el Municipio regule el cobro del alumbrado público y, de manera provisional, no lo incluya en la factura de los ciudadanos cuando las farolas de sus cuadras no funcionen.
La iniciativa tiene antecedentes en Colombia, de manera específica en Barranquilla, cuando la empresa prestadora de esta región se vio obligada a no cobrar dicho servicio, tras evidenciar las notables deficiencias que presentaba el alumbrado.
También en el área metropolitana se planteó, en 2013 dejar de cobrarles el alumbrado a familias del sector rural, toda vez que las redes del servicio no llegaban a cerca de 10 veredas.
Para el caso actual de la capital santandereana, donde cerca del 40 % del alumbrado público no funciona, el Cabildo sostiene que podría regularse ese cobro, de tal forma que se le pudiera aliviar el bolsillo a la ciudadanía.
Al menos 34 mil luminarias de Bucaramanga están fuera de servicio, Y aunque el Municipio sostiene que está destinando partidas para su reparación, lo cierto es que los ciudadanos se cansan de reportar direcciones en donde el alumbrado sigue fuera de foco.
¿Qué tan viable es?
Según el abogado Francisco Ojeda, “el alumbrado público se define como la iluminación de lugares abiertos a la libre circulación peatonal y vehicular de la población. Pero, el hecho de algún día se descomponga no significa que el Municipio no tenga derecho a recaudar la contribución”.
La razón: “La noción de alumbrado público no solo comprende las actividades de suministro de energía; también incluye la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión del sistema y, de manera precisa, lo que se paga también se destina para estos frentes de acción. Si no se paga, no se podría garantizar su mantenimiento”.
Habla del Defensor de Servicios Públicos
Para Henry Plata, veedor de Servicios Públicos de Bucaramanga, “si bien el sistema de alumbrado público está conformado por el conjunto de luminarias, redes, transformadores de uso exclusivo y en general todos los equipos necesarios para la prestación del servicio, que no formen parte del sistema de distribución de energía eléctrica, no se explica cómo el Municipio no se cerciora de que todo este andamiaje funciona”.
Recordó que, a través de más de 50 acciones populares, entabladas ante la Defensoría del Usuario, “se ha demostrado que el Municipio está cobrando más de la cuenta. Con esto afirmo que, la posibilidad de eximir al ciudadano que no cuente con el alumbrado público es más que justa”.
Respuesta oficial
Para Saharay Rojas Téllez, jefe de Gobernanza de la Alcaldía, “la propuesta es inviable desde el punto de vista legal, técnico y político”.
¿Por qué?
“Primero porque la Ley 1819 de 2016, que regula el tributo, definió que los que pagan alumbrado son los mismos usuarios del servicio de energía eléctrica; así que no es posible conforme a la norma si existen o no destinatarios definidos del mismo”.
Y agregó: “Además, el contrato público fallido corresponde a la falla de 13.235 luminarias, compradas bajo los contratos principalmente 101 del año 2017, 188 de 2018 y 309 de 2019, todos con el mismo contratista: Celsa. Esto implica que esa firma debe responder por la garantía de estas luminarias en el esquema de modernización de sodio a LED anunciado por la anterior administración”.
“Este gobierno ha realizado varias cosas: una es realizar las garantías y solo del contrato 188 han fallado 12.519 luminarias, que corresponden al 34 % de las luminarias compradas bajo este contrato”, explicó.
“Esta administración, de manera incansable, ha generado la garantía de luminarias y la rotación de las mismas, y ya estamos haciendo los peritajes para que se haga el recambio total de las farolas que no estén en funcionamiento, teniendo garantía de diez años, pues estas se pagaron con recursos de los bumangueses y no llevan sino cuatro años en funcionamiento”.
“Dicho proyecto de acuerdo es una propuesta política, porque no podemos decirles a la gente mentiras. No podemos decirle a la gente que no le vamos a cobrar porque el alcalde anterior compró unas luminarias deficientes y que la empresa Celsa no genera las garantías”, explicó.
“Las zonas oscuras se generan por la falla de las luminarias; no tiene nada que ver el sistema que las monitorea, que por demás fue el que descubrió que las luminarias adquiridas registran desperfectos y que además tenían el 100 % de recibido a satisfacción, por el interventor, cuando estas ya estaban apagadas en el sistema de alumbrado”, puntualizó.
