En medio de una jornada de manifestaciones convocada por ambientalistas, este miércoles se desarrolló en Bucaramanga una audiencia judicial de verificación sobre el proceso de delimitación de Santurbán.
Una tormenta de críticas y reclamos contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se vivió este miércoles en Bucaramanga durante la audiencia de verificación que se citó por parte del Tribunal Administrativo de Santander, para conocer los avances registrados en el proceso de delimitación de Santurbán.
Autoridades y diferentes sectores de la ciudadanía manifestaron su inconformismo y señalaron las falencias cometidas por parte del Minambiente, en esta delimitación que fue ordenada desde 2017 por la Corte Constitucional.
Mientras desde el Ministerio Público se señala la falta de información oficial y de estudios por parte de Minambiente, desde las diferentes orillas de la población se cuestiona la falta de concertación y de socialización de datos claves en esta delimitación realizada por parte dicha cartera del Gobierno Nacional.
“La Ministra de Ambiente traicionó la defensa del agua”: Comité Santurbán
El Comité Santurbán, organización social que desde hace más de 16 años lucha por la defensa y la protección del agua en dicho ecosistema de alta montaña, se pronunció de forma contundente contra las decisiones adoptadas desde el Minambiente.
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“La ministra de Ambiente, Lena Estrada, traicionó la defensa del agua y Santurbán al avalar un acuerdo del gobierno de Iván Duque de 2021, que permite la explotación minera de 12 títulos de multinacionales ubicados en Vetas, en pleno corazón de Santurbán”, fue el mensaje difundido en medio de esta jornada de protestas que se convocaron por parte del Comité.
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Los ambientalistas exigen que, en el marco de esta delimitación, se lleven a cabo estudios técnicos para levantar información en detalle sobre los nacimientos, acuíferos y todas las demás fuentes de agua que existen en Santurbán, así como de las amenazas contra estos recursos naturales.
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“Denunciamos que el Ministerio avaló este acuerdo de 2021, que plantea la liberación de 835 hectáreas que hoy se consideran páramo para destinarlas a proyectos mineros. Esto claramente es una afrenta a la lucha que hemos dado. Hacemos un llamado al Presidente Petro para que ordene respetar el mandato de Santander y cumpla su promesa de respetar el agua”, manifestó Mayerly López, activista y miembro del Comité Santurbán.
Llamados de la Defensoría y la Procuraduría por fallas en la delimitación de Santurbán en Santander
Ante el Tribunal Administrativo de Santander, el delegado de la Procuraduría General de la Nación solicitó “no conceder más prórrogas al Ministerio” en el marco de esta delimitación, así como “evaluar la adopción de medidas judiciales contundentes para garantizar el cumplimiento”.
Desde el Ministerio Público igualmente se criticó la expedición de la Resolución 221 de 2025 por parte de Minambiente, a través de la cual se declaró desde marzo pasado una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables en Santurbán (en 75.000 hectáreas de Santander), en la cual no se pueden hacer actividades de minería durante los próximo dos años.
La Procuraduría también solicitó al Tribunal “considerar la adopción de una medida cautelar de la Resolución 221 de 2025, para que este procedimiento administrativo asegura la plena observancia de los principios de participación ciudadana, publicidad y transparencia”.
En medio de esta audiencia los ánimos se caldearon, ya que en una de las intervenciones realizadas desde Minambiente se indicó que tales acuerdos en Vetas aún no estaban en firme o aprobados. Las declaraciones indignaron a una gran número de asistentes.
“Para nosotros se deben respetar los acuerdos que se firmaron en Vetas, si el Estado los desconociera implicaría ir en contra vía de los dispuesto en el Acuerdo Acuerdo de Escazú, respecto al principio de no regresión”, señaló el delegado de la Defensoría del Pueblo.
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Líderes comunitarios y autoridades de Soto Norte manifestaron su indignación por lo ocurrido. La alcaldesa de Vetas, Angélica García, manifestó que “nosotros firmamos un acuerdo con el Estado colombiano, representado por unos ministros, y no por un gobierno específico y eso tiene que respetarse. Esos acuerdos se firmaron conforme a la sentencia de la Corte Constitucional. Esto es una falta de seriedad palpable, y un absurdo”.
