El Ministerio de Ambiente creó en Santander un área de reserva temporal ambiental. Vanguardia explica cómo afecta la minería en la zona de influencia del Páramo de Santurbán.
En los próximos dos años, en 75.000 hectáreas de la provincia de Soto Norte, en Santander, incluida Bucaramanga, no se podrá hacer minería de extracción de oro y plata. Así lo anunció este miércoles 5 de marzo el Ministerio de Ambiente con la publicación de la Resolución número 0221 del pasado 3 de marzo. Cabe advertir que esta determinación podrá ser prorrogable por dos años más.
De esta área, 23.929 hectáreas, que corresponden al 31,5 % de la zona de reserva temporal, incluyen 57 títulos mineros de pequeña, mediana y gran minería, de acuerdo con la Agencia Nacional de Minería.
La declaración de las zonas de reserva natural temporal en Santander fue firmada el pasado lunes por la saliente ministra de Ambiente, María Susana Muhamad González.
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Los municipios que integrarán esta zona de reserva temporal son Matanza (22.659 hectáreas), Suratá (25.871 hectáreas), California (3.496 hectáreas), Vetas (1.890 hectáreas), Tona (5.884 hectáreas), Charta (11.283 hectáreas) y Bucaramanga (4.925 hectáreas). El Ministerio de Ambiente aclaró que durante este proceso no se permitirán nuevas concesiones ni licencias ambientales en esta zona.
El Ministerio de Ambiente también precisó que el acto administrativo que declara las zonas de reserva ambiental temporal solo tendrá efectos sobre actividades de minería. En consecuencia, no se alterarán los demás usos del suelo permitidos y determinados en los instrumentos de ordenamiento territorial, es decir, las actividades agrícolas, pecuarias, turísticas, viales, de salud, educación, financieras y demás podrán continuar con normalidad.
La decisión del Ministerio de Ambiente busca proteger las cuencas hidrográficas que provienen del Páramo de Santurbán y que integran los municipios de Charta, Vetas, Rionegro, Bucaramanga, California, Cáchira, Floridablanca, Lebrija, Piedecuesta, Suratá, Girón, Matanza, El Playón y Tona, en una extensión de 285.596 hectáreas. Debido a la minería ilegal, estas quebradas y ríos han sido contaminados con mercurio.
Cifras de la minería en Soto Norte
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Susana Muhamad González, en entrevista con Vanguardia hace unos meses, explicó que de las 23.300 hectáreas de Soto Norte que tienen títulos mineros vigentes o solicitudes en trámite, 18.500 hectáreas están en zonas con determinantes ambientales, según el Ministerio. Es decir, áreas protegidas por tratarse de ecosistemas de importancia ambiental o por contar con valores de conservación de recursos hídricos que surten acueductos. Estas zonas serían susceptibles de declararse como zonas de reserva temporal.
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Mientras la ministra de Ambiente defiende la declaración de zonas de reserva temporal en Santander, los mineros señalan que tal decisión pone en riesgo la estabilidad jurídica de su sector y el sustento de unos 1.300 trabajadores, que actualmente dependen de la minería informal en el territorio. “Nos quedaríamos sin trabajo”, denuncian.
El Ministerio de Ambiente admite que el Estado se equivocó años atrás al otorgar estos títulos en zonas de conservación ambiental, pero ahora un fallo del Consejo de Estado obliga a reorganizar estos territorios con actividad minera. Esta decisión es rechazada por los mineros de Soto Norte, quienes aseguran que los condena a la ilegalidad y acusan al Gobierno Nacional de expedir este decreto sin concertación. De hecho, la comunicación entre mineros de Santander y el Gobierno está tan fracturada que, el pasado 12 de junio, la ministra María Susana Muhamad González abandonó California entre gritos de rechazo a su propuesta de áreas reservadas.
Por su parte, la ministra de Ambiente también señaló que los mineros de California solo buscan formalizarse a través de grandes multinacionales interesadas en explotar el oro y la plata en Santander. En California opera el denominado Proyecto Soto Norte, de propiedad en un 51 % de Aris Mining, una empresa canadiense, y en un 49 % de Mubadala Aris, una multinacional con sede principal en Abu Dabi. Este proyecto, en el contexto de las áreas de reserva ambiental temporal, quedaría afectado para su desarrollo.
Reacciones de los mineros de Soto Norte
Mineros de Soto Norte denunciaron este miércoles que, “a pesar de haber sido recusada ante la Procuraduría General de la Nación, lo que la obligaba a declararse impedida, y en medio del rechazo de los seis alcaldes de la provincia de Soto Norte, las alertas del gobernador de Santander, las advertencias y solicitudes de la Procuraduría y la masiva protesta de más de 2.000 campesinos, agricultores y pequeños mineros”, Susana Muhamad firmó, en el último día de su gestión como ministra de Ambiente, la Resolución 0221 de marzo de 2025, que declara una zona de reserva por fuera del Páramo de Santurbán.
“Esta medida declara una zona de reserva de 75.000 hectáreas por fuera del Páramo de Santurbán, afectando las actividades económicas de más de 35.000 habitantes de California, Suratá, Matanza, Tona, Charta, Vetas y el norte de Bucaramanga”, aseguraron.
Precisamente, este miércoles el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, anunció su intención de mediar entre las comunidades afectadas y la nueva ministra de Ambiente, Lena Estrada, cuya decisión ha sido calificada por líderes comunitarios y expertos como inconsulta, ilegal e inconstitucional.
Las comunidades de Soto Norte, representadas por más de 40 organizaciones sociales, mineras y comunales, han denunciado que la medida carece de sustento técnico y científico, desconoce el derecho a la participación y la obligación de concertación con las comunidades afectadas, y contradice tres sentencias de la Corte Constitucional.
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“De afán y a pesar de estar impedida, la ministra sacó esta resolución inconstitucional. Como lo señalaron la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, la decisión del Ministerio carece de sustento científico, no cumplió con una metodología de concertación, viola el Acuerdo de Escazú, podría fomentar la minería ilegal y condenaría a miles de familias a la pobreza y al desplazamiento. No queremos irnos de nuestro territorio, y no permitiremos que el Gobierno entregue nuestra tierra a grupos armados para que vengan a hacer minería con las armas”, denunció Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y la Fundación Dignidad Minera.
Los líderes comunitarios también han resaltado que la Procuraduría General de la Nación ya ha advertido sobre las graves falencias técnicas y legales de la resolución, instando a que se complete primero la delimitación del Páramo de Santurbán ordenada por la Corte Constitucional en 2017, la cual ha sido aplazada durante más de ocho años. Sin embargo, Muhamad decidió avanzar con la declaración de la zona de reserva, desconociendo estos requerimientos.
Por su parte, más de 40 organizaciones sociales, mineras y comunales, entre ellas Gran Pacto Social por California – GPS, Firmes Santurbán, Dignidad Minera, Asojuntas Suratá, Asojuntas Matanza, Asojuntas Charta, Consotonorte, Asomineros, Asomical, Asomar, Calimineros, Asomiprosoto y Los del Boquete, han denunciado que el Ministerio nunca concertó con las comunidades, afectó procesos de formalización en curso e ignoró el 80 % de las más de 1.350 observaciones, derechos de petición y comentarios presentados sobre la propuesta de reserva.
Protestas se trasladarán a Bogotá
Los líderes de la manifestación anunciaron que continuarán con su lucha y llevarán su voz hasta Bogotá. En los próximos días, presentarán acciones legales contra la Resolución 0221, incluyendo una “tutelatón” masiva para exigir la revocatoria de la medida y el respeto a los derechos de las comunidades afectadas.
Las organizaciones sociales y gremiales de Soto Norte hacen un llamado urgente a la nueva ministra de Ambiente, Lena Estrada, para que escuche las voces de los habitantes de la región y tome decisiones concertadas con rigor técnico, evitando afectar el desarrollo social y económico de miles de familias que dependen de la minería y otras actividades productivas en la zona.
