La Gobernación de Santander defiende legalidad de la Tasa Especial para la Seguridad. ¿Cuál es el soporte legal?
Ante la reciente controversia jurídica generada por la sentencia del Consejo de Estado del pasado 17 de julio, que pone en duda la validez de varias tasas locales para financiar la seguridad ciudadana en el país, la Gobernación de Santander salió al paso e informó a la opinión pública que la Tasa Especial para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana del Departamento “se mantiene vigente y respaldada por la Constitución”.
A través de un comunicado oficial, la administración departamental precisó que la tasa adoptada mediante la Ordenanza No. 015 del 29 de abril de 2025 cuenta con sustento legal sólido, ya que fue creada con base en la Ley 2272 de 2022, norma nacional que habilita expresamente a los entes territoriales para establecer mecanismos fiscales dirigidos al fortalecimiento de la seguridad pública.
“La tasa de Santander se diferencia de otras figuras anuladas porque cumple plenamente con los principios del artículo 338 de la Constitución: legalidad, certeza, destinación específica y definición clara del hecho generador y del sujeto pasivo”, señaló la Gobernación.
“La Ley 2272, promulgada en desarrollo de la Sentencia C-101 de 2022 de la Corte Constitucional, fue posteriormente respaldada por la Sentencia C-363 de 2023, que ratificó la validez de este tipo de tributos, siempre y cuando se apliquen de forma equitativa a todos los entes territoriales del país”, precisa el comunicado.
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En consecuencia, el gobierno de Santander enfatizó que “la tasa no solo es legal, sino también necesaria para garantizar el fortalecimiento institucional en materia de seguridad y convivencia ciudadana”.
Además, la Administración Seccional reiteró su compromiso con una gestión fiscal transparente y ajustada a los lineamientos constitucionales y jurisprudenciales vigentes.
“Con esta postura, el departamento busca dar tranquilidad a los contribuyentes y despejar cualquier duda sobre la validez del instrumento fiscal adoptado este año para enfrentar los desafíos en seguridad que afronta la región”, precisa la Gobernación.
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Antecedentes
En junio pasado, la tasa para la seguridad -que pretendía ser cobrada a través del recibo de la luz- fue suspendida de manera temporal gracias a una ponencia del magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra, del Tribunal Administrativo de Santander.
La medida, amparada en la Ordenanza 15 del 29 de abril aprobada por la Asamblea, pretendía que los usuarios de estratos 4, 5 y 6 financiaran con su factura de energía las estrategias de seguridad del departamento. No obstante, el contribuyente local, quien ya viene cansado de ver cómo se le cuelgan nuevos cobros por cada problema estructural sin resolver, pusieron el grito en el cielo.
Para recordar
Y aunque la sobretasa quedó en pausa, al menos por ahora, hay que decir que el historial de cobros adicionales en las facturas es largo en la región, y varios de esos experimentos tributarios terminaron estrellándose contra el rechazo ciudadano. Aquí, un repaso por algunas de las más recordadas.
- Seguro Exequial: En diciembre de 2013, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga intentó meter de contrabando un seguro exequial en la factura del agua. Una “ayuda” obligatoria para cubrir gastos funerarios que, según los usuarios, no habían pedido ni querían. Las críticas no se hicieron esperar: cartas a Vanguardia, quejas en redes y hasta una investigación del Gobierno Nacional sepultaron el intento. En enero del año siguiente, la medida fue cancelada. Irónicamente, murió antes de nacer.
- ¿Aló? En 2004, en plena era de líneas fijas y tonos de espera, los alcaldes metropolitanos liderados por Honorio Galvis Aguilar propusieron un impuesto al uso y tenencia de teléfonos fijos en casas y locales. El cobro, que se iba a incluir en la factura de Telebucaramanga, pretendía financiar seguridad. Pero entre la incredulidad de los usuarios y la falta de consenso político, la idea se quedó en eso: en una llamada perdida.
- Por la erosión: En noviembre de 2010, con la escarpa occidental de Bucaramanga en riesgo de deslizarse y llevarse barrios enteros, surgió la idea de incluir un nuevo cargo en el predial: el llamado “Impuesto a la Erosión”. Aunque el peligro era real, el malestar no se hizo esperar. ¿Por qué debía el ciudadano pagar por los errores de una urbanización sin control? La propuesta, sin respaldo ni ruta clara, se desmoronó como los taludes que pretendía salvar.
- Fuerte borrasca: En 2015, las lluvias causaron estragos en 31 barrios. La CDMB, sin suficientes recursos para atender emergencias, planteó aumentar la sobretasa ambiental del predial. La idea era buena en teoría: más recursos para evitar tragedias. Pero al hablar de subir impuestos, la ciudadanía respondió con resistencia y desconfianza. La propuesta no se materializó y quedó empantanada como muchas calles de la ciudad en temporada invernal.
