El Ministerio del Trabajo adelantó una inspección a una de las unidades de atención a menores operadas por la Fundación Revivir, entidad a la que estaría vinculada Karely Merlano, quien fue asesinada en una de estas instalaciones en Barrancabermeja.
Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
El Ministerio del Trabajo ordenó la paralización inmediata de un área específica del Centro de Atención a Menores Infractores, antiguo CROMI, en Barrancabermeja, el cual es operado por la Fundación Revivir, tras identificar presuntas falencias en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo durante una visita de inspección realizada en la mañana de este martes 14 de abril. La medida se da cinco días después del homicidio de una cuidadora que laboraba en un hogar de paso que sería operado por esa misma entidad.
La actuación fue adelantada por la Oficina Especial del Ministerio en el municipio y liderada por el director de esa dependencia, Jefferson Vera Lara, quien argumentó que en el lugar se identificaron diversos hallazgos relacionados con condiciones que podrían representar riesgos para la integridad de las personas.
“Nos desplazamos a la instalaciones de la Fundación Revivir ubicadas en el barrio La Floresta de Barrancabermeja para la verificación de condiciones laborales de la población que presta sus servicios allí. Pudimos evidenciar que en el área de preparación de alimentos no se cumplen con las condiciones mínimas necesarias para la ejecución de esta labor”, explicó el funcionario.
El área, según la inspección realizada, no tiene servicio de energía eléctrica desde hace tres días. “Esto no garantiza el buen almacenamiento de los productos que son utilizados para la preparación de alimentos de los menores de edad que están bajo cuidado del ICBF”, contó el representante del Ministerio.
Vera Lara agregó, además, que el espacio “no cumple con las condiciones mínimas de seguridad, ya que no se encuentra en un área aislada, no tiene ficha técnica y no existe registro de los debidos mantenimientos. A juicio del inspector, esa falencia no puede ser subsanada de esta forma”, explicó.
La medida implica la suspensión de operaciones en ese espacio específico hasta tanto la institución adopte los correctivos necesarios y demuestre el cumplimiento de los estándares exigidos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Las inspecciones continuarán a los demás centros y hogares de paso que son operados por esta entidad.
Familia de cuidadora asesinada denuncia precarias condiciones laborales
La intervención del Ministerio de Trabajo ocurre cinco días después del homicidio de Karelys Merlano, presuntamente a manos de adolescentes que estaban bajo su cuidado. La mujer se desempeñaba como formadora en el hogar de paso donde ocurrió el hecho, el cual está vinculado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y sería operado por la Fundación Revivir.
Durante una sesión que se desarrolló en la mañana de este martes en el concejo de Barrancabermeja, Nelly Claro, familiar de la víctima, advirtió sobre presuntas fallas en las condiciones laborales y de seguridad en el lugar donde ocurrieron los hechos.
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“Lo que ocurrió en esa casa fue un concierto para delinquir. Son delincuentes, así sean menores. Fue una mujer vilmente asesinada, le partieron tres costillas, le desfiguraron la boca, un ojito, le partieron la tráquea, no fue cualquier cosa. No tenemos dictamen de Medicina Legal y no sabemos qué más”, expresó una familiar de la víctima.
Así mismo, señaló que la trabajadora habría enfrentado condiciones laborales deficientes, incluyendo presuntos retrasos en el pago de salarios. Además, indicó que existían antecedentes de riesgo: según su versión, Karely Merlano habría sufrido un episodio previo en el que fue presuntamente drogada, lo que derivó en una incapacidad médica.
“Ni siquiera los sueldos le tenían al día, tengo entendido que tienen sueldos atrasados. Era una mujer que tenía un reporte de historia clínica porque la habían drogado antes, la incapacitaron. El mismo día que la asesinaron, un señor de bomberos me preguntó si la habían matado; dijo que ellos antes habían estado con la Policía, porque la dejaron sola. Eso estaba anunciado. Ella había pedido que la trasladaran de ese lugar”, agregó.
La familia también denunció posibles fallas en los protocolos de seguridad. De acuerdo con el relato, el día de los hechos la cuidadora se encontraba sola en el lugar, pese a que -según afirma- ya se habían registrado situaciones que requerían acompañamiento institucional.
La familia espera que las intervenciones de las autoridades, incluido el Ministerio del Trabajo, avancen hasta el lugar donde ocurrió el hecho, con el fin de esclarecer lo sucedido y evitar que una situación similar se repita.
