Desde la Gobernación de Santander se trabaja en una propuesta para que los recursos nacionales destinados a seguridad ‘aterricen’ en Santander de una forma fácil y, con ellos, se pueda reforzar el accionar de las autoridades.
En junio pasado, el Tribunal Administrativo de Santander suspendió la Tasa de Seguridad de la Gobernación de Santander, que buscaba recaudar recursos a través del pago del recibo de energía y financiar proyectos clave para garantizar la seguridad multidimensional en el departamento.
Precisamente, con estos recursos, uno de los proyectos propuestos por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, para la lucha contra la criminalidad en el área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja es la construcción de Centros de Gestión de Emergencia y Seguridad (CEGES), grandes centros integrados de monitoreo que enlazarán todas las cámaras de seguridad de la región. Lea también: La oscuridad llega a su fin: iluminan la vía Peaje–Lebrija después de 20 años
Entre otros, el CEGES permitirá la interconexión de cámaras con tecnología avanzada, sistemas de reconocimiento facial y de placas, y el uso de inteligencia artificial para detectar comportamientos sospechosos.
No obstante, frente a la suspensión del recaudo, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, anunció que trabaja en propuestas alternativas para que las iniciativas de seguridad puedan ser financiadas con recursos nacionales.
El mandatario departamental propuso un proyecto de Ley para que los recursos que administra el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, que son del resorte del Ministerio del Interior, pasen a ser manejados por el Ministerio de Defensa.
“Las Fuerzas Militares están desamparadas por el Gobierno Nacional. Tenemos la amenaza de los criminales y necesitamos recursos para reforzarlas. Nos pararon la tasa de seguridad y por eso planteamos este proyecto que debe ser estudiado por el Congreso de la República o ser tenido en cuenta por los candidatos a la Presidencia”, señaló Díaz Mateus.
El Gobernador sostuvo que “yo tengo un borrador. Voy a presentárselo a algunos senadores y representantes para que comience la iniciativa, pero hay que hacerlo rápido y el Ministerio de Defensa necesita recursos. Los recursos son muy importantes y pueden sumar a gobernadores y alcaldes para mejorar las capacidades de la Fuerza Pública”. Le puede interesar: Esperanza para la biodiversidad: avistan hermosa jaguar hembra en Santander
En tal sentido, el diputado de Santander, Francisco González manifestó que “el Gobierno Nacional nos dejó solos. Enviamos una solicitud al presidente Petro para que se genere un Conpes y asuma inversiones necesarias para la seguridad del área metropolitana, Barrancabermeja y las provincias pero el Gobierno Nacional guardó silencio”.
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González Gamboa expresó que “para que haya seguridad debe haber plata para la Fuerza Pública, porque ellos no se movilizan a pie, deben actuar rápido en vehículos. En algunos sitios se están haciendo rifas para arreglar camionetas y motos de la Policía porque no hay recursos. Santander necesita soluciones y las necesita ya”.
Proyecto para la seguridad rural
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, insistió en la necesidad de inversión, en especial para las Fuerzas que actúan en provincias y veredas.
Uno de los proyectos clave es el Centro Integrado de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata (CIMVRI), que permitirá al Ejército reaccionar de manera rápida ante situaciones de riesgo en Santander.
El CIMVRI contará, entre otros, con: motocicletas, camionetas, aeronaves no tripuladas (drones) y un vehículo especializado con tecnología de monitoreo.
Este equipamiento permitirá que, por ejemplo, un pelotón del Ejército reciba 18 motocicletas, una camioneta, un furgón con pantallas de video y comunicación satelital, además de ocho drones. Esto facilitará el control territorial en un radio de 20 a 25 kilómetros, explicó el funcionario. Vea además: Arrancaron obras del proyecto turístico Parque Aldea Guane de Los Santos
El CIMVRI tendrá comunicación directa con una sala especializada ubicada en el Batallón Nueva Granada de Barrancabermeja, lo que permitirá la atención inmediata de denuncias ciudadanas.
La meta es establecer 10 CIMVRI en Santander, uno por cada provincia. El costo estimado por cada unidad es de $5.000 millones.
