La ciudad enfrenta problemáticas complejas como la movilidad, la seguridad y el empleo. El nuevo alcalde deberá recuperar la confianza de la ciudadanía y promover una gestión transparente y participativa. La lucha contra la corrupción, el manejo eficiente de los recursos públicos y la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones serán claves para avanzar hacia una Bucaramanga más equitativa y sostenible.
La Bucaramanga que recibe el alcalde electo Cristian Portilla es una ciudad cansada, costosa y llena de contrastes: con trancones que no dan tregua, un transporte público que no despega, calles y estaciones abandonadas, impuestos al alza, miedo en los barrios, poco espacio para vivir y compartir, dificultades para estudiar y atenderse en salud, y un bolsillo ciudadano cada vez más golpeado. A eso se suman una inseguridad que preocupa, una salud mental en alerta y un crecimiento desordenado que pide a gritos decisiones de fondo. Ese es, sin rodeos, el punto de partida del nuevo gobierno local.
¡En efecto! El Municipio que deberá liderar el alcalde elegido ayer en los comicios atípicos, no es una ciudad cómoda ni resuelta. Es una capital que sobrevive moviéndose, en gran medida, a través del transporte ‘pirata’, mientras su sistema de transporte masivo yace prácticamente desahuciado. Las estaciones, abandonadas, dejaron de ser puntos de encuentro para convertirse en lugares que generan temor.
Y el tímido intento de reactivación con el alquiler de 12 buses duales en solo tres rutas, que apenas alcanzan a cubrir sectores como Provenza, resulta claramente insuficiente frente a una cotidianidad marcada por trancones eternos y una movilidad al borde del colapso.
Todo esto ocurre mientras la infraestructura vial sigue en deuda, con obras estratégicas como el acceso norte al viaducto La Novena y el par vial de las calles 55 y 56 atrapadas entre promesas incumplidas y planos archivados, mientras el desorden se apodera de las vías.
Parte de esta presión se explica por el crecimiento acelerado del parque automotor. En el área metropolitana circulan ya 922.551 vehículos, con un aumento promedio anual del 5 % desde 2016. Las motocicletas dominan el paisaje urbano, al punto de que Bucaramanga registra 41 motos por cada 100 habitantes.
Este fenómeno, lejos de ser anecdótico, plantea tareas profundas en materia de movilidad, seguridad vial y planificación urbana, desafíos que no han encontrado soluciones estructurales y que se traducen en cifras preocupantes: más de la mitad de las muertes y el 61 % de los lesionados por accidentes de tránsito se concentran en la ciudad, siendo los motociclistas quienes ponen la mayor cuota de dolor.
En lo económico, la ciudad muestra una paradoja difícil de ignorar. Aunque suele figurar entre las capitales con menor desempleo, también aparece entre las más costosas del país. El golpe al bolsillo se siente en los hogares. Los impuestos aumentaron y los ingresos tributarios por habitante crecieron de manera sostenida entre 2021 y 2025, impulsados principalmente por el predial y el impuesto de industria y comercio. Sin embargo, ese mayor recaudo no se ha traducido en mejoras visibles para la ciudadanía. Por el contrario, muchos perciben un deterioro progresivo en sectores clave como la movilidad, la seguridad, la industria y la cultura ciudadana, lo que alimenta el malestar y la sensación de estar pagando más para recibir menos.
La inseguridad completa el panorama de preocupación. En 2024 se registraron 2.722 casos de violencia interpersonal, 236 homicidios y más de 9.600 hurtos a personas en el área metropolitana. Aunque se trata de cifras oficiales, el subregistro, la falta de denuncias y la desconfianza en la justicia hacen pensar que la realidad puede ser aún más dura. El miedo se ha ido instalando en la rutina diaria y ha desplazado, poco a poco, aquella imagen de ciudad tranquila que durante años identificó a Bucaramanga.
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A esta situación se suma la escasez de espacio público. Con apenas cerca de 4 metros cuadrados por habitante, la ciudad está muy lejos de los 12 metros cuadrados recomendados a nivel internacional. Esta limitación afecta la convivencia, reduce las oportunidades de recreación y termina impactando la salud mental de una población que cada vez tiene menos lugares para caminar, encontrarse o simplemente respirar.
En educación, el balance tampoco es alentador. Según el último informe oficial, el sector apenas pasó ‘raspando’. La deserción escolar aumentó, reflejando no solo las dificultades económicas de muchas familias, sino también la desmotivación, la migración y la ausencia de estrategias eficaces para mantener a niños y jóvenes en las aulas. A ello se suma una infraestructura educativa que clama por intervenciones urgentes y sostenidas.
La salud, por su parte, atraviesa una crisis evidente. Son constantes las quejas por demoras en la entrega de medicamentos, negativas en la autorización de servicios y tiempos excesivos para acceder a citas médicas. Las barreras administrativas, los problemas de afiliación y las dificultades en urgencias dejan al descubierto falencias profundas en la gestión de EPS e IPS. La atención se aplaza y, con ella, se erosiona la confianza en un sistema que debería aliviar y no prolongar el sufrimiento.
El panorama es aún más delicado cuando se habla de salud mental: en 2025 la tasa de suicidio fue de 4 por cada 100.000 habitantes, con una marcada brecha entre hombres y mujeres, lo que exige acciones preventivas urgentes y con enfoque diferencial.
Así, Bucaramanga pasó de ser reconocida como un “buen vividero” a convertirse en una ciudad donde el costo de vida crece más rápido que los ingresos. Contener la pérdida del poder adquisitivo será uno de los grandes retos del nuevo gobierno, pues el aumento de los salarios no alcanza a compensar una inflación que golpea con fuerza a las familias.
De cara al futuro, el alcalde electo tiene decisiones determinantes sobre su escritorio. Entre ellas, la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, un proceso que deberá adelantarse sin cálculos electorales y con una mirada puesta en el largo plazo.
Bucaramanga necesita un POT actualizado que ordene su crecimiento, recupere el espacio público, priorice una movilidad sostenible y devuelva la confianza.
El reto es enorme, pero también lo es la oportunidad de reconciliar a la ciudad con sus habitantes y empezar a construir, con hechos concretos y no solo con discursos de campaña, una Bucaramanga más justa, más segura y verdaderamente habitable ¡Amanecerá y veremos!
