El expediente revela que la víctima necesitó esquema de seguridad por el nivel de intimidación y riesgo extraordinario.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Un grave caso de hostigamiento laboral dentro de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Bucaramanga terminó con una dura sanción disciplinaria.
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a dos funcionarios señalados de someter a su entonces coordinadora regional a un ambiente de persecución, insultos, publicaciones injuriosas en redes sociales y presiones constantes que derivaron en su salida del cargo.
Se trata del escolta Alexander Consuegra Payares y el oficial de protección Miguel Ángel Castellanos Montt, adscritos a la Unidad Nacional de Protección en Santander, quienes fueron hallados responsables en fallo de primera instancia.
De acuerdo con la Procuraduría, los funcionarios utilizaron cuentas sindicales en Twitter para difundir más de 100 mensajes contra la coordinadora regional, en los que publicaron fotografías de su núcleo familiar y lanzaron acusaciones de corrupción que el ente de control calificó como falsas.
A esa campaña digital se sumó, según el expediente disciplinario, el uso reiterado de expresiones soeces y descalificaciones dentro del entorno laboral en la sede de la UNP en Bucaramanga, configurando un escenario de intimidación permanente.
La investigación concluyó que las constantes agresiones no solo deterioraron el clima de trabajo, sino que obstaculizaron el cumplimiento de las funciones de la coordinadora y terminaron forzando su remoción del cargo en 2020.
Procuraduría advierte riesgo extraordinario para la víctima
Según el auto disciplinario, el hostigamiento provocó una seria afectación en la salud mental de la funcionaria, a quien le generó “zozobra, temor y aislamiento”. La gravedad del caso fue tal que se hizo necesaria la asignación de un esquema de seguridad por riesgo extraordinario.
Para el Ministerio Público, las agresiones no correspondieron a simples episodios de inconformidad laboral.
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Por el contrario, concluyó que se trató de “un ataque sistemático cargado de sesgos de género, destinado a socavar su autoridad, su honra y su estabilidad emocional por su condición de mujer en un cargo de liderazgo”.
La Procuraduría calificó la conducta de Consuegra Payares y Castellanos Montt como faltas gravísimas cometidas con dolo. Ambos interpusieron recurso de apelación contra la decisión.
Acoso laboral en entidades públicas
El fallo conocido por este caso ocurrido en Bucaramanga coincide con las alertas que la propia Procuraduría ha emitido sobre el aumento de denuncias por acoso dentro del sector público.
Entre 2021 y el 30 de septiembre de 2024, el ente de control formuló 113 pliegos de cargos por acoso laboral y emitió 69 fallos, de los cuales 32 terminaron en sanciones disciplinarias.
En ese mismo periodo también abrió 282 procesos por acoso sexual, con 52 pliegos de cargos y 47 fallos, de acuerdo con registros oficiales.
La entonces procuradora general, Margarita Cabello, había advertido que la mayoría de las víctimas son mujeres y que, en muchos expedientes, el acoso laboral aparece como retaliación tras rechazar pretensiones sexuales o disputas de poder al interior de las entidades.
A estas cifras se suman más de 3.500 quejas recibidas por la vía de los Comités de Convivencia Laboral en los últimos cuatro años, aunque el subregistro sería mayor debido al temor de muchos trabajadores a denunciar.
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La UNP bajo la lupa por denuncias internas de acoso
La sanción contra los funcionarios en Santander se suma a una cadena de cuestionamientos que desde hace varios años golpea a la Unidad Nacional de Protección, entidad encargada de salvaguardar a líderes sociales, periodistas y servidores públicos en riesgo.
En enero de 2026, la dirección de la UNP retiró al contratista Nicolás Sarmiento Ramírez tras una denuncia formal de acoso sexual radicada el 10 de diciembre de 2025 ante la Fiscalía General de la Nación y la Subcomisión de Transversalidad de Género de la Unidad.
Además, un documento elaborado por un colectivo feminista y citado por la revista Semana advirtió que las mujeres afectadas dentro de la entidad —entre funcionarias, contratistas y escoltas— coinciden en relatar miedo, vulnerabilidad y ausencia de garantías institucionales para denunciar.
A esos señalamientos se agregan denuncias previas contra el entonces jefe jurídico de la entidad por presunto acoso sexual, así como reportes de al menos otras dos analistas de riesgo que habrían enfrentado situaciones similares durante misiones de evaluación, según reveló El Colombiano en una investigación publicada en mayo de 2024.
