La decisión se da luego de que el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, fuera declarado impedido.
Mediante el Decreto 1407 de 2026, el Gobierno de Abelardo de la Espriella designó al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, como ministro ad hoc, quien estará a cargo de las decisiones relacionadas con la delimitación del Páramo de Santurbán, en Santander.
La medida se tomó luego de que el actual ministro de Ambiente, Fabio Arjona, se declarara impedido para tomar decisiones sobre este tema, en respuesta a una solicitud de ambientalistas de Santander, específicamente del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.
Los ambientalistas argumentaron que el ministro Arjona tendría un conflicto de intereses debido a declaraciones públicas en las que se refirió a la posibilidad de avanzar con proyectos mineros en Santander, y citó como ejemplo la actividad de una gran empresa minera en Antioquia.
Según la información conocida, el Decreto firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, el ministro Ad Hoc, Indalecio Dangond, será el responsable de realizar las acciones y los tramites administrativos relacionados con la delimitación del complejo Paramos Jurisdicciones Santurbán-Berlín, y la zona de la reserva temporal de 75 mil hectáreas por fuera de Santurbán.
Comunidades de Soto Norte piden finalizar proceso
Por su parte, líderes sociales de Soto Norte esperan que con esta decisión se logre avanzar en el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, que para ellos, lleva más de 9 años de retraso, tal como lo dicta la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.
Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas afirmó que las comunidades esperan el reinicio de las mesas de concertación para la delimitación del Páramo de Santurbán en los 14 municipios que aún faltan, respetando lo ya concertado.
Para los líderes, las familias llevan casi una década pidiendo ser escuchadas y ante estas dificultades de la delimitación, aseguran, han tenido que abandonar la actividad formal, dejando terreno a la minería ilegal.
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Las familias de la zona enfatizan que no avanzar con la concertación afecta a más de 25 mil familias que viven de esta actividad minera principalmente en los municipios de Surata, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.
