La decisión se da luego de que el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, fuera declarado impedido.
Este viernes se conoció que el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, fue designado como ministro ad hoc para tomar las decisiones relacionadas con el Páramo de Santurbán y su proceso de delimitación en Santander.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 1407 de 2026, a través del cual el Gobierno de Abelardo de la Espriella designó al actual ministro de Agricultura para asumir este proceso de delimitación.
La determinación se conoció luego de que, el pasado jueves, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, fuera declarado impedido para intervenir en las decisiones relacionadas con Santurbán. La decisión quedó consignada en un oficio de la Oficina Jurídica del Ministerio de Ambiente, fechado el 16 de septiembre, que da respuesta a una solicitud de recusación presentada contra el jefe de esta cartera.
¿Por qué fue declarado impedido?
Ambientalistas de Santander, específicamente integrantes del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, solicitaron que Arjona se apartara de las decisiones relacionadas con el complejo de páramos, al argumentar que podría existir un conflicto de intereses.
Según los ambientalistas, el ministro habría realizado declaraciones públicas en las que se refirió a la posibilidad de avanzar con proyectos mineros en Santander, citando como ejemplo la actividad de una gran empresa minera en Antioquia.
Frente a esta situación, el Ministerio de Ambiente señaló que Arjona quedaría apartado de la suscripción de los actos administrativos relacionados con la delimitación del Páramo de Santurbán en los que pudiera existir alguna circunstancia que comprometiera su intervención personal.
No obstante, el Ministerio aclaró que esta decisión no modifica las reglas de protección vigentes para Santurbán.
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“El proceso continuará con fundamento técnico y jurídico, participación de las comunidades y reglas claras, garantizando la legitimidad y la seguridad jurídica de las decisiones que se adopten”, señaló la cartera de Ambiente.
Desde el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, por su parte, anunciaron que continuarán con las acciones de seguimiento y que interpondrán una queja disciplinaria contra el jefe de la cartera ambiental.
¿Qué está pasando en Santurbán?
El Páramo de Santurbán tiene pendiente la delimitación del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, así como la definición relacionada con una reserva temporal de cerca de 75.000 hectáreas ubicada por fuera del área delimitada del páramo.
Desde 2017, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-361, ordenó adelantar este proceso de delimitación con la participación de las comunidades que habitan la zona, entre ellas más de 25.000 familias.
Además de este proceso, en agosto de este año Santurbán enfrentó otro conflicto relacionado con la revocatoria de una resolución de protección de la zona de La Baja, un sector cuya microcuenca se encuentra por fuera de los límites de la delimitación y que tiene importancia para el ecosistema.
Comunidades de Soto Norte piden finalizar el proceso
Por su parte, líderes sociales de Soto Norte esperan que la designación del ministro ad hoc permita avanzar en el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, que, según aseguran, acumula más de nueve años de retraso frente a lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 2017.
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Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas, afirmó que las comunidades esperan el reinicio de las mesas de concertación para avanzar en la delimitación del Páramo de Santurbán en los 14 municipios que aún están pendientes, respetando los acuerdos alcanzados previamente.
Para los líderes, las familias de la zona llevan casi una década solicitando ser escuchadas y, ante las dificultades para avanzar en la delimitación, aseguran que algunas personas han tenido que abandonar la actividad minera formal, lo que, según su perspectiva, ha dejado terreno a la minería ilegal.
Las familias de la zona enfatizan que la falta de avances en la concertación afecta a más de 25.000 familias que dependen principalmente de la actividad minera en municipios como Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.
