Este santandereano, doctor y especialista en derecho constitucional, busca que el Gobierno Nacional restituya la protección especial que recientemente se revocó por parte del Ministerio de Ambiente. Este experto alerta que se abrió la posibilidad para ejecutar proyectos mineros o concesiones de hidrocarburos.
Un abogado santandereano, experto en derecho constitucional, inició un proceso judicial con el fin de restablecer la protección especial que se dispuso por parte del Estado en la Amazonía Colombiana, y la cual fue revocada la semana pasada por medio de un acto administrativo expedido por el Ministerio de Ambiente.
Luis José Escamilla Moreno, quien ha desempeñado diversos cargos públicos, entre ellos Personero de Floridablanca (periodo 2016 - 2020), acudió ante una jueza de la Capital de la República con el fin de que se mantengan y garanticen de forma efectiva estas acciones y disposiciones especiales para la protección de este complejo ecosistema, que ocupa el 42,3 % del territorio colombiano.
De acuerdo con lo alertado por Escamilla Moreno, con dicha revocatoria se abrieron posibilidades para la posible ejecución de proyectos mineros o concesiones de hidrocarburos. La demanda presentada por este asesor jurídico e investigador fue admitida el pasado 27 de octubre por el Juzgado 13 Administrativo de Bogotá. Lea también: Gobierno revoca resolución que declaró la Amazonía como reserva definitiva
Luego de dicha revocatoria, desde el Ministerio de Ambiente se indicó que el acto administrativo en mención quedó sin efecto debido a que fue expedido “sin culminar la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que podrían verse directamente afectadas”.
“Se cuestiona el remedio que utilizó el ministerio”
Según los datos oficiales del mismo Minambiente, “la Resolución 0961 de 2026, que fue expedida a solo dos días de terminar el gobierno anterior y que delimitó y declaró el bioma amazónico como reserva definitiva de los recursos naturales renovables, no adelantó la consulta previa correspondiente con las comunidades”.
El pasado 23 de octubre, por medio de la Resolución 1405 de 2026, el ministerio resolvió y oficializó dicha revocatoria. Tres días después, el 26 de octubre pasado, la entidad informó por medio de un comunicado oficial que “el acto administrativo (Resolución 0961 de 2026) no aseguraba, por sí solo, la protección efectiva del bioma y generaba incertidumbre económica y territorial sin ofrecer alternativas concretas a sus comunidades, aliados clave para su protección y conservación”.
Pero el abogado Luis José Escamilla Moreno considera que dicho recurso no debió utilizarse por parte de Minambiente, ya que “no debió quedar desprotegida la Amazonía. Lo que se cuestiona es el remedio que se utilizó, porque el Ministerio encontró una irregularidad en el trámite de la consulta previa a las comunidades. Pero existe suficiente experiencia y jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece que puede revocar, pero dejar un remedio que no deje desprotegido este importante ecosistema”.
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La Amazonía constituye, según datos oficiales, el 65,7 % del total de hectáreas de bosque en el territorio nacional. Hablamos de alrededor de 38,9 millones de las 59,2 millones de hectáreas de bosques que existen en el país. En el Amazonas Colombiano.
Según este experto en derecho, “en este momento específico es muy sensible desproteger áreas ambientalmente protegidas, porque se está tramitando un decreto para unificar los procedimientos de consulta previa y de licenciamiento ambiental de los mineros o de concesiones de hidrocarburos para que tengan más celeridad. Duré 30 horas corridas trabajando para montar la tutela. La jueza respondió positivamente y escribió nueve páginas solicitando todas las pruebas que yo pedí, porque es evidente la desprotección que en este momento tiene la Amazonía”.
Además de Minambiente, la jueza de este caso también vinculó a la acción de tutela a entidades como Ministerio de Minas y Energía, Autoridad Nacional de Licencia Ambientales, Ideam, Parques Nacionales Naturales, Corpoamazonía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, entre otras.
