Durante 2019 y tres meses de 2020, 18 profesionales apoyarán a los docentes de 41 instituciones educativas oficiales de Bucaramanga en la enseñanza a estudiantes con discapacidad cognitiva.
Un coordinador pedagógico, tres tiflólogos, cuatro licenciados en educación, ocho psicopedagogos, un terapeuta ocupacional y un fonoaudiólogo conformarán el grupo de profesionales encargado del proceso de apoyo pedagógico.
Para poner en marcha esta estrategia, la Secretaría de Educación de Bucaramanga suscribió un contrato con la Fundación Progresa y realizó una inversión de más de $1.012 millones.
Al respecto, Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación de Bucaramanga, afirmó que “esta iniciativa permitirá tener unos profesionales que apoyen a los maestros para que puedan trabajar con la población con discapacidad”.
Por su parte, Clara Chacón, responsable de Educación Incluyente, manifestó que “no son maestros permanentes sino docentes con funciones de apoyo pedagógico. El horario de acompañamiento de los 18 profesionales se distribuirá en los 41 planteles educativos”.
Crece la inclusión
Según cifras de la Secretaría de Educación de Bucaramanga en 2014 se atendieron 814 estudiantes con discapacidad. En 2018 esta cifra aumentó a 1.745.
A pesar de lo anterior, un grupo de padres de familia del Instituto de Problemas de Aprendizaje (IPA) exigía la extensión del grado sexto en esta Institución.
Ante esta situación, la Secretaría de Educación se comprometió a garantizar los cupos en una institución educativa oficial.
Jennifer Cadavid es madre de cuatro hijos, dos de ellos presentan problemas de aprendizaje. Daniel Becerra esperaba entrar al IPA, mientras que su hermano Harold David cursa grado séptimo en el Politécnico.
“Me dieron un cupo para Daniel en grado sexto, en el Politécnico. Me garantizan que le van a brindar el apoyo que él merece. Lo más importante para mí era que no se quedara sin estudiar”, relató Jennifer.
No es suficiente
Ante esta iniciativa, la rectora del IPA y algunos padres de familia manifestaron su desacuerdo.
“No tiene sentido que se haga esa contratación y no se exijan unas actividades precisas. Son 18 personas para distribuir en 120 sedes, es una gota de agua en un océano”, recalcó Esperanza Vera, rectora del IPA.
Por su parte, Javier Quintero, padre de familia señaló que “concretamente no es lo que buscamos. No han comprendido que los niños con alguna discapacidad no van a rendir igual que los demás. Al verlos diferentes pueden ser víctimas de bullying y no quiero eso para mis hijos”.
