martes 05 de febrero de 2019 - 12:00 AM

Tunja y Bucaramanga padecen el mismo ‘viacrucis catastral’

Los residentes de Tunja atravesaron el año pasado por el mismo ‘viacrucis’ que hoy padecen los bumangueses con la entrada en vigencia del catastro y con los altos cobros del Predial. Entrevistamos al abogado que desenmarañó el tema en Boyacá.

Los habitantes de Tunja padecieron el mismo ‘viacrucis’ que hoy enfrentan los bumangueses por culpa de los elevados cobros del Impuesto Predial.

Al igual que en la capital santandereana, los residentes en la tierra boyacense estaban obligados a pagar estrepitosos aumentos en las tarifas de la controvertida contribución.

Allí Franchesco Geovanny Ospina Lozano, abogado de la UPTC y quien había sido concejal de ese municipio en el período 2008-2011, fue quien tomó la iniciativa y decidió instaurar una medida legal para frenar dichos abusos.

Ospina Lozano fue el único ciudadano de Tunja que instauró, como se debía hacer, una demanda ante el Consejo de Estado para frenar los desmesurados cobros.

La capital santandereana también tiene su ‘Franchesco’. Se trata del corporado Pedro Nilson Amaya Martínez, quien en nombre de los bumangueses interpuso sus respectivas demandas ante el Tribunal Administrativo de Santander y ante el mismo Consejo de Estado.

Tanto Amaya Martínez como Ospina Lozano encontraron herramientas legales para ponerles frenos a los abusos de esta polémica actualización catastral y a los abusos del cobro del Predial.

Vanguardia Liberal habló con los dos demandantes. En el caso de Ospina Lozano, él logró en octubre pasado una respuesta definitiva por parte del Consejo de Estado, la misma que aliviaría el golpeado bolsillo de los tunjanos.

“Como ciudadano sentí que las instituciones nos daban la espalda con una decisión efectiva. Al ver esa falta de compromiso con la ciudadanía, instauré la demanda para que se les materializara efectivamente un alivio a los bolsillos de los contribuyentes de mi tierra”, le dijo a esta Redacción.

“Si las instituciones no solucionan los problemas de la comunidad, tenemos el compromiso moral y la capacidad de buscar alternativas. Por eso, opté por denunciar”, señaló.

¿Contra cuáles entidades y con cuáles fundamentos entabló la demanda ante el Consejo de Estado?

“La demanda la formulé contra los involucrados que argumentaban su falta de competencia en la solución; es decir contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, que hizo el estudio; el Cabildo de Tunja; la Alcaldía de la capital boyacense y el propio Gobierno Nacional”.

“El argumento era muy preciso, en el sentido de que la norma establece con claridad que es el Gobierno Nacional y el propio DANE los que deben decidir si se aplaza o no la actualización catastral”, agregó el experto Ospina Lozano.

¿Y en Bucaramanga?

El tema en la capital santandereana está abanderado con el también abogado y actual concejal Pedro Nilson Amaya Martínez. Él acaba de interponer una acción de nulidad por una supuesta inconstitucionalidad de la resolución que ordenó la revisión catastral.

Con esta instancia judicial el demandado también es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en su Seccional Santander. La figura legal, que ya reposa en el Consejo de Estado, es en contra de la Resolución No. 68-000-052-2018, del 19 de diciembre de 2018.

Tal resolución fue la que ordenó la renovación de la inscripción en el catastro de los predios actualizados de los sectores 2, 4 y 5 de la zona urbana de Bucaramanga.

Entre los argumentos de esta acción judicial, que según Amaya Martínez podrían “tumbar” el avalúo catastral de Bucaramanga, están “las violaciones de los principios de equidad, justicia y progresividad de los tributos en la ciudad”.

El corporado se apoya en los artículos 95, numeral 9; el 313 y el 13 de la Constitución Política.

Vale recordar que hace diez días, Amaya Martínez ya había presentado una acción de nulidad simple contra la resolución del reavalúo catastral de Bucaramanga, la que desencadenó en desmesuradas alzas prediales.

“Con las dos demandas pretendo tumbar el avaluó catastral de raíz y no de forma parcial. La acción de nulidad es muy similar a la que ganamos cuando logramos tumbar el pico y placa zonal que había impuesto la Alcaldía y la Dirección de Tránsito”, aseguró el concejal Amaya Martínez.

Apoyos gremial y político

Tanto los gremios de Santander como los concejales de Bucaramanga y la comunidad en general, durante las últimas semanas, han exigido las revisiones de este polémico diagnóstico.

También les piden a la Alcaldía de Bucaramanga y al IGAC responder las válidas reclamaciones por parte de los contribuyentes, desesperados con las terribles alzas del Predial.

Tal y como están las cosas, todo apunta a que en Bucaramanga pase lo mismo que en Tunja y de una vez por todas el Consejo de Estado desenmarañe este ‘caos predial’.

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