Tras la captura de 11 funcionarios del complejo judicial Paloquemao, en Bogotá, se conoció que el Consejo Superior de la Judicatura había presentado 123 denuncias por irregularidades en la rama judicial.
Publicado por: Colprensa
Luego de que en la mañana del jueves pasado fueran capturados 11 funcionarios del centro de servicios judiciales de Paloquemao, entre los que se encuentran dos jueces de control de garantías, se conoció que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ha presentado 123 denuncias penales para que se investiguen actos de corrupción en la rama judicial.
Fuentes cercanas a la Sala aseguraron que dentro de las denuncias se solicita establecer si existen irregularidades en los procesos de reparto de casos judiciales en los todos los complejos del país, sobre todo en Paloquemao, donde se presentó la primera captura por el escándalo, que ya tendría nombre propio: ‘carrusel de las audiencias’.
La audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de los 11 funcionarios del complejo judicial en Bogotá se dio a puerta cerrada.
En la diligencia, la Fiscal 13 de la Unidad de Investigaciones contra los funcionarios le solicitó al juez 52 de garantías la legalización de la captura de estas personas que son investigadas por presuntamente haber hecho parte de una “empresa” para manipular procesos y otorgar beneficios a cambio de una suma de dinero. Se espera que la Fiscalía General impute los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideólogica en documento público, prevaricato por acción agravado, concusión, cohecho por dar u ofrecer, revelación de secreto y tráfico de influencias, hechos por los cuales podrían pagar, de ser hallados culpables, una pena que va entre los 15 y 20 años de prisión.
Funcionarios implicados
Los capturados fueron identificados como el juez 26, Ricardo del Cristo Rodríguez, y el juez 38 Francisco Javier Barbón, los dos penales municipales con función de control de garantías.
Las demás personas son Alejandro Navas (notificador), Anadelina Corredor (secretaria juzgado 26), Carmen Alicia Garzón Pinto (notificadora del Centro de Servicios Judiciales), Jaime Eduardo Camargo (empleado del Centro de Servicios Judiciales), Javier Yesid Español Palacios, (oficial mayor de un juzgado), Marvi Quecano Urueña (empleado del Centro de Servicios Judiciales), Manuel Velázquez Ayala (secretario juzgado 55 penal municipal con función de control garantías), D.E.H.R. (estudiante derecho) y Manuel Humberto González Cuellar (intermediario).
