El empresario de palma Danilo José Pacheco de la Hoz tendrá que pagar siete años de prisión por el desplazamiento forzado de afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento de Chocó, ocurrido entre 1997 y 2001.
Publicado por: COLPRENSA
Esto ya que la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena proferida en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de área de especial importancia ecológica.
Pacheco de la Hoz fue capturado en 2010 junto con otros 23 empresarios palmeros en el marco de una investigación de la Fiscalía por el desplazamiento forzado en la zona, producto de la alianza con grupos paramilitares.
En el caso concreto, todo inició por las denuncias que representantes de los consejos comunitarios de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó elevaron, señalando la adquisición irregular de terrenos por parte de los porcicultores a los pobladores, justo en medio de un contexto social de desplazamiento y violencia paramilitar.
Así, se señala que en 1997 hubo incursiones paramilitares en las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó, del municipio de Riosucio (Chocó), y en el bajo Atrato chocoano en la jurisdicción del Carmen del Darién.
Luego, para el año 2000, a la zona llegaron empresas como Urapalma S.A., Palmas de Curvaradó S.A., Palmura S.A., Palmadó Ltda., Fregni Ochoa, entre otras, que se asentaron en la cuenca del Curvaradó y Jiguamiandó.
De acuerdo con los hechos investigados, se fraguó una alianza criminal a fin de darle visos de legalidad a la ocupación de tierras a través de la compraventa de predios a bajos precios.
“(…) la compraventa de predios cuyo número de hectáreas se incrementó notoriamente mediante la figura de la accesión, la relacionadas con terrenos de restringida enajenación a precios irrisorios soportadas en documentos falsos, ora suscripciones de compraventas de usufructos, mejoras, posesiones y la compra de posesiones de personas fallecidas años anteriores, operaciones que además sirvieron para respaldar créditos bancarios y obtener incentivos estatales, por considerables sumas de dinero”, señala el expediente.
