Colombia
Lunes 19 de mayo de 2014 - 11:26 AM

Minjusticia: "aquí no se va a negociar como se hizo en Ralito"

El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, habló con EL NUEVO DÍA y lanzó fuertes críticas a los contradictores que han intentado sabotear el proceso de paz. El jefe de la cartera se atrevió a decir que las negociaciones con las Farc no serán otro Pacto de Ralito, firmado en su momento entre paramilitares y políticos de las regiones.

Minjusticia: "aquí no se va a negociar como se hizo en Ralito" (Foto: Colprensa/ VANGUARDIA LIBERAL)
Minjusticia: "aquí no se va a negociar como se hizo en Ralito" (Foto: Colprensa/ VANGUARDIA LIBERAL)

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Publicado por: COLPRENSA

Los acuerdos se promoverán públicos en su momento, tanto que será el pueblo colombiano el que los acepte o no. Gómez Méndez habló sobre el caso del ‘Tuso Sierra’, del que, dijo, tiene molesto al Gobierno nacional por su estadía en los Estados Unidos mientras en Colombia se espera que diga la verdad sobre el paramilitarismo.

- A propósito del foro de Justicia Transicional, ¿los guerrilleros de las Farc van a pagar cárcel o van a ir al Congreso?
Siempre ha existido Justicia Transicional. En el caso del proceso de paz con las Farc fue expedido un marco jurídico para la paz, una reforma constitucional que autoriza al Congreso expidir una ley estatutaria.

Ésta se presentará cuando hayan terminado los diálogos en La Habana, es ahí donde se va a dar la discusión de cómo será la justicia para los guerrilleros.

- ¿Cuál es la posición del Gobierno nacional frente a eso?
Esa posición se está definiendo en La Habana. Eso no es un secreto. Aquí no se va a negociar como en Ralito.

La ley será aprobada en el Congreso y los colombianos refrendarán los acuerdos a los que llegó el Gobierno con las Farc.

Todo esto es para desbaratar el infundio de que el presidente Santos esté negociando a escondidas y que está entregando el país al ‘castro-chavismo’.

- Pero Ministro, sí quisiéramos saber si el Gobierno va o no a proponer que los guerrilleros tengan un asiento en el Congreso.
El Gobierno todavía no ha tomado esa definición. Eso ni siquiera ha sido punto en la agenda, lo que ocurre es que los enemigos del Gobierno dan por supuesto que es así para poder atacar.

- No será que todo eso se dice porque se supone que si la guerrilla se sienta en un proceso, no es para pagar 10 o 20 años en la cárcel, sino para aspirar al poder...

El señor Granda tenía procesos penales en Colombia y el expresidente Uribe lo liberó, él, sin ley de indulto, sin amnistía, sin procesos de paz, simplemente porque el señor Sarkozy le dijo que él podía intervenir en la liberación de Ingrid Betancourt.

No. Aquí en este proceso va a haber unas reglas claras, y una cosa es lo que ellos aspiren o pidan y otro es lo que el Estado está en capacidad de ceder.

- Las Farc volvieron a pronunciarse frente a la campaña electoral y volvieron a insistir en la necesidad de confluir en una asamblea constituyente. Eso ha sido reiterativo. ¿El Gobierno se sigue manteniendo en que es una puerta cerrada?
Por ahora el Gobierno no está en el tema de la constituyente. No sé por qué los colombianos tenemos ese fetichismo constitucional de creer que todo lo resuelve una reforma constitucional o cambiando la Constitución. Hoy día la justicia está en crisis y la gente pide que se cambie.

- Pero hasta el mismo Gobierno ha pedido revisar cosas de esa Constitución de 1991, como la tutela...
Incluso yo mismo, pero el solo hecho de que sea una constituyente no quiere decir que lo que salga de ahí, sea bueno.

- Y en cuanto a la tutela, ¿cuál es su propuesta o el cambio que propone?
Ahí también ha existido una manipulación argumentativa. El Gobierno no está pensando en afectar la tutela, eso está fuera de discusión.

- ¿Se va a limitar?
No a limitar en cuanto a su ejercicio. Lo que se busca es que sobre un mismo hecho haya una sola decisión judicial, no es más.

- O sea que ¿eso tiene su génesis en el caso Petro?
Y seguramente en otros, pero ahí se demostró con mayor fuerza.

SOBRE EL 'TUSO SIERRA' Y LA JUSTICIA TRANSICIONAL

- Sobre ‘Tuso Sierra’ se conoce que va a continuar en Estados Unidos, parece ser que las solicitudes que usted y la exministra Ruth Estella enviaron no dio muchos resultados. ¿Se va a insistir o qué se va hacer por parte del Ministerio de Justicia?
Durante la Administración anterior y durante el mal llamado proceso de Justicia y Paz que se puso a aplicar penas mínimas a verdaderos apenas.

En el caso del ‘Tuso Sierra’, este era un narco puro a quien de manera dudosa dieron el cargo de contestatario político.

Un día deberán explicarnos cómo diablos entró ‘Tuso Sierra’ como dirigente político. Súbitamente el gobierno de entonces decide extraditarlo.

- En el caso del ‘Tuso Sierra’ hay una connotación y es que está el tema del general Santoyo.
Claro, es que era más importante tener al ‘Tuso’ aquí en Colombia hablando de esto, que tenerlo en EE.UU. pagando por unos kilos de coca.

Cuando llego yo, encuentro que el ‘Tuso Sierra’ había planteado un incidente con las autoridades de migración para pedir que no lo deportaran a Colombia porque aquí no había seguridad. La exministra Ruth Estella envió una carta, el director del Inpec envió otra ofreciendo todas las garantías, y yo recién posesionado mandé otra carta en el mismo sentido, y a pesar de eso le dieron ese estatus que es lo que lo mantiene a cubierta de investigaciones.

Esto nos ha molestado mucho como Gobierno, vamos a buscar todos los mecanismos legales y diplomáticos para encontrar la manera en que el ‘Tuso Sierra’ pueda venir a Colombia, incluso si es necesario pidiendo extradición porque él también tiene delitos aquí por los que debe pagar, además debe decirnos lo que sabe de distintos sectores de la sociedad y su relación con el paramilitarismo.

- ¿A usted le parece triste que se presente esto?
Claro. Esto no debió ocurrir. He dicho que nosotros cumplimos con nuestra palabra de compromiso para colaborar con la comunidad internacional en la lucha contra el narcotráfico, pero eso tenemos que hacerlo compatible con el derecho que tiene la sociedad colombiana de saber lo que ocurrió con el paramilitarismo.

SOBRE CUESTIONAMIENTOS DEL SENADOR URIBE

- Está el tema del expresidente Álvaro Uribe y los señalamientos que hace sobre la Fiscalía, es como si estuviera por encima de la ley, diciendo que no hay garantías.
Como Ministro de Justicia hice un llamado a él y a todos los colombianos para que respetemos la institucionalidad. Una forma de respetarla es atender los llamados de la justicia; si a uno lo llama un juez, uno esta en la obligación de ir independientemente de si uno esté o no de acuerdo. Uno no puede tratar de escoger su propio juez. Como Ministro no entro a debatir las consideraciones particulares que ha hecho el senador Uribe.

- ¿El Gobierno sí está dando órdenes a la Fiscalía para que cite a Uribe y lo haga ir?
No, la gente tiene que saber que el presidente Santos es respetuoso. La Fiscalía es un órgano independiente y el Presidente ni se entromete, ni tiene interés alguno en invadir las competencias del Fiscal General.

- ¿No le parece grave que el senador electo esté desligitimando al fiscal?
Uno pensaría que lo mejor es que respetemos los canales del estado de derecho, pero no hay que convertir eso en una especie de situación para pasar como víctima.

SOBRE LAS ALTAS CORTES

- También se ha hablado de la posibilidad de revocar a las altas Cortes habida cuenta de los escándalos. ¿Usted cómo ve esas propuestas?
Sí considera el Gobierno de que el hecho de que surja esa propuesta, debe ser mirada como una campanada de alerta para las propias Cortes. En buena parte pusimos a las Cortes a hacer lo que no tienen que hacer: estar nombrando funcionarios y por esa vía se les metió la política. Eso sí lo vamos a cambiar.

Lo hemos dicho claramente en la Reforma a la Justicia, la idea es quitar a las altas cortes esas funciones nominadoras.

- A propósito de eso, ¿qué otros cambios contempla esa Reforma?
Se está pensando en tomar algunas cosas de la reforma que no pasó, solo las buenas; además, aumentar la edad de ingreso y el retiro de magistrados, modificar el sistema de elección actual, quitar el sistema que hace que el magistrado y el congresista se investiguen mutuamente, reformar las funciones de la comisión de Acusación de la Cámara, probablemente reestructurar los organismos de control para que sobre un mismo hecho no existan tantas investigaciones, y eventualmente revisar las funciones que tiene el Procurador de poder destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos por la vía popular.

- Sobre ese mismo tema, una decisión del Consejo de Estado podría revivir esa Reforma que se hundió...
Si eso fuera así, se generaría un caos judicial que yo espero que no se presente. En su momento el Gobierno expresó las razones por las cuales se objetó. El Gobierno ha fundamentado su posición y no podemos ir más allá, ni interferir en las decisiones de Estado.

Nos preocuparía mucho si se llegara a revivir esa Reforma a la Justicia por dicha vía. La gente clamó en las redes sociales por todo lo que eso significaría.

- El Consejo de Estado también le concedió las medidas cautelares al alcalde Petro, ¿eso quiere decir que el Presidente ha debido aceptar la solicitud que en ese mismo sentido hizo la CIDH?
No, todo lo contrario; eso le da la razón al Presidente porque las medias cautelares de la Cidh se dan cuando en el Estado no hay normas que garanticen sus derechos a las personas. La decisión del Consejo de Estado muestra que el Estado colombiano sí tiene sus instrumentos. Eso fue lo que el Alcalde debió hacer desde un comienzo, demandar ante el Consejo la nulidad de la decisión del Procurador.

Eso demuestra dos cosas: que la tutela no era necesaria y que las medidas tampoco tenían sentido porque la propia legislación colombiana tenía ese instrumento.

MÁS DEL PROCESO DE PAZ

- ¿Cuál es la diferencia sustancial entre el proceso de justicia y paz y la propuesta del actual Gobierno?
Primero porque este es un proceso que va a decir la verdad, se está pensando que cuando terminen negociaciones exista una comisión de la verdad.

La segunda diferenciación será la reparación de las víctimas; tercero, es un proceso transparente, lo que es la ley estatutaria, que es la que le otorgaría forma jurídica a esos acuerdos, va a ser discutida públicamente y refrendado por el pueblo. No habrá impunidad.

- ¿El proceso está largo?
Yo no hago parte de los negociadores, pero no es fácil poner fin a un conflicto de 50 años en 50 días, no exigir plazos fatales, pero tampoco permitir que esto se convierta en la dialogadera.

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