El ente acusador halló inconsistencias en actas de grado presentadas ante el Ipcc. También se vincula a funcionarios encargados de la contratación.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Fiscalía General de la Nación citó para el próximo 30 de abril a la actriz y exreina de belleza Yeimy Paola Vargas para una audiencia de imputación de cargos. El ente acusador investiga el presunto delito de falsedad en documento público, tras encontrar irregularidades en los soportes académicos que la mujer presentó para ser contratada por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).
Según el material probatorio, Vargas habría utilizado una certificación académica falsa con el fin de acreditarse como tecnóloga. Esta maniobra le habría permitido acceder a una remuneración económica superior durante la ejecución de contratos estatales en la vigencia 2025.
Las inconsistencias que detectó la Fiscalía en el Ipcc
El foco de la investigación es el contrato firmado el 21 de marzo de 2025, cuyo objeto era el apoyo a la gestión para la protección del patrimonio de Cartagena, por un valor de $55 millones de pesos. Para cumplir los requisitos de este proceso, la actriz adjuntó un acta como Tecnóloga Laboral en Actuación y Teatro, supuestamente emitida por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.
Sin embargo, tras las verificaciones del investigador Álvaro González, se detectaron tres puntos críticos:
- Alteración visual: El nombre de la beneficiaria en el acta presentaba una tipografía distinta al resto del documento.
- Inexistencia de registro: La institución en Bucaramanga confirmó oficialmente que Vargas no aparece en sus bases de datos ni listados de egresados.
- Falsedad material: El formato del diploma no coincide con los modelos vigentes de la entidad santandereana.
Pese a que este contrato fue suspendido por denuncias públicas, la Alcaldía de Cartagena otorgó este año un segundo contrato a la actriz por $18 millones de pesos. En esta nueva vinculación, Vargas presentó la misma hoja de vida pero eliminó el acta de tecnóloga, siendo contratada bajo el perfil de bachiller. La administración local defendió la medida bajo el principio de presunción de inocencia.
De los escenarios a la posibilidad de una condena
La lupa judicial se extenderá también hacia los funcionarios del IPCC. La Fiscalía busca establecer si hubo omisión en la verificación de documentos por parte de los encargados de la contratación. La intención es determinar responsabilidades penales de terceros que permitieron la validación de los soportes cuestionados.
Un dato relevante en el expediente es que Vargas incluyó en su hoja de vida un curso sobre transparencia y lucha contra la corrupción, documento que ahora es parte de las pruebas en su contra. En el marco legal colombiano, de ser hallada culpable de falsedad en documento público, la exreina podría enfrentar una pena de prisión que oscila entre los 4 y 9 años.
