Por ello, desde ya, afirmó Ordóñez que la decisión tomada, "una vez se expida el acto administrativo correspondiente la Procuraduría General de la Nación", será demandada ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Publicado por: ELPAÍS, COLPRENSA
Según el Jefe del Ministerio Público porque fue una "decisión política, no jurídica, ni científica. Una decisión carente de la carga argumentativa que exige la Corte Constitucional".
Añadió el Procurador que el Gobierno Nacional debe decirle al país "con honestidad el propósito de esa decisión política, que satisface una exigencia reiterada de las Farc y que ese grupo terrorista celebra".
En un comunicado la Procuraduría advirtió posibles consecuencias de la decisión:
- Deteriora aún más la seguridad nacional. Los cultivos de coca crecerán y con ello se fortalecerá la presencia de grupos armados ilegales en los territorios.
- Más coca es más dinero para las Farc, el ELN y las Bacrim. Y más dinero es más capacidad para matar soldados y policías, atacar a la población civil y cometer actos de terrorismo.
- Deteriora aún más la seguridad en las ciudades. El aumento de la producción de coca, sumado a la eficacia de la interdicción área y marítima que realiza la fuerza pública, se traducirá en mayor importancia del consumo interno de estupefacientes para los narcotraficantes.
- El resultado será mayor consumo, en un país en que el consumo ya está en alarmante crecimiento especialmente en los jóvenes.
- Aumentará el microtráfico y con ello las bandas delincuenciales en las ciudades.
- El agravamiento del deterioro ya existente de la seguridad ciudadana se deberá a esa decisión.
- El Gobierno Nacional ordenó adoptar esa determinación sin tener un plan que garantice al menos la misma eficiencia en el combate a los cultivos ilícitos.
- La consecuencia será que el país se hundirá en un mar de coca y los ciudadanos padecerán los gravísimas efectos del fortalecimiento de la criminalidad en ciudades y campos.
- La Procuraduría recuerda a los funcionarios encargados: la lucha contra los cultivos ilícitos, independientemente de los mecanismos que se empleen, es un deber legal, no una potestad política.
El fuerte pronunciamiento se da después de que el ministro de Justicia Yesid Reyes, anunciara este jueves que el Consejo Nacional de Estupefacientes decidió por mayoría suspender la aspersión con glifosato sobre los cultivos ilícitos.
Según Reyes, la suspensión se hará efectiva a partir del momento en que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, revoque o suspenda el Plan de Desarrollo Ambiental que hasta este momento permite la aspersión con glifosato.
Se espera que para que se cumpla con este objetivo, el Gobierno deberá seguir con los trámites necesarios con base en un informe que remitirá el ministro de Salud Alejandro Gaviria.
Entre otras de las medidas adoptadas por el Consejo, está la creación de un comité técnico que en el plazo de un mes debe formular las recomendaciones para ajustar la política de lucha contra las drogas.
