Cuando apenas las secretarías de las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara alistan el texto final aprobado de la reforma a la Ley de Orden Público, desde varios sectores del Congreso se advirtió que en las plenarias el tema de las zonas de concentración seguirá estando en el ojo del debate.

Publicado por: COLPRENSA
El senador de la U Armando Benedetti, aseguró que para la discusión en la plenaria, que espera sea después del 10 de marzo, volverá a presentar una proposición en la que plantea que esas zonas no estén en territorios en donde tengan asentamiento las comunidades indígenas o afros. Este tema fue hundido el pasado lunes en la discusión que se dio en las comisiones.
También desde Cambio Radical se ha planteado que en la plenaria se retomará el tema que el gobierno diga cómo irán a funcionar esas zonas de ubicación, aspecto que fue el que distanció a ese partido con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
El ministro insistió que “no habrá un solo colado en las listas que presenten las Farc para la suspensión de órdenes de capturas, esto tampoco será un Caguán, habrá responsabilidad del Gobierno en este proceso".
La iniciativa reforma un artículo de la ley de orden público y da al Estado las herramientas jurídicas para permitir los procesos de dejación de armas, tránsito a la legalidad y reincorporación a la vida civil de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.
En el articulado aprobado se dan las facultades para establecer los procedimientos para la desmovilización y dejación de armas de los grupos guerrilleros que suscriban acuerdos con el Gobierno.
También deberán ratificar las plenarias si se faculta al presidente para dar órdenes especiales de localización a la Fuerza Pública, para garantizar la seguridad del proceso de desarme.
Otro artículo se refiere a la suspensión de órdenes de captura para los miembros rasos de las Farc que dejen las armas.
Sin mayores modificaciones será debatido en la plenaria el artículo que establece los mecanismos de monitoreo y verificación nacional o internacional, incluida la administración, registro, control, destrucción o disposición final del armamento que entregue el grupo armado al margen de la ley.















