Hace un año en Mesetas, Meta, el presidente Juan Manuel Santos cerró con candado el contenedor en el que guardó las últimas cinco armas de las 7.132 recibidas de las Farc como grupo armado. Con la acción, el mandatario clausuró 54 años de conflicto armado con esta guerrilla y abrió la puerta a un mundo de posibilidades para los excombatientes desde la legalidad.
Publicado por: COLPRENSA
El 27 de junio de 2017, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, excomandante de las Farc, recibió de Santos un fusil convertido en pala y ambos estrecharon sus manos. Prometieron trabajar por la paz. “La dejación de las armas es el símbolo del nuevo país que podemos ser, y estamos comenzando a ser”, dijo el jefe de Estado al recibir la última arma de las Farc.
Dejar el armamento es el acto final de todo proceso de paz y Colombia no fue la excepción. Los procesos de paz en el país han quitado a todos los grupos ilegales 26.513 armas entre 1953 y 2016, y comparados con los desarmes en el mundo, son de los más bajos en relación el combatiente y el armamento.
Un año después
Han pasado 12 meses desde que Farc dejó de existir como grupo armado ilegal y las perspectivas del Gobierno, excombatientes y víctimas van en direcciones contrarias.
El choque de versiones se cruza en que para el Gobierno se ha cumplido en materia de reincorporación, pero para los exintegrantes de la guerrilla la zozobra por los asesinatos de excombatientes, la falta de apoyo a proyectos productivos, y las complejas condiciones para vivir en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, son los lunares del Acuerdo de paz.
Al 31 de mayo fueron acreditadas 12.972 personas, de estas, 12.615 hasta ahora han sido aceptadas por la OACP. Se abrieron 12.459 cuentas de ahorro para que los exguerrilleros reciban apoyos económicos; a 12.292 personas se les entregó la asignación única de normalización de 2.000.000 de pesos por cada uno (más de 24 mil millones) y se les ha entregado una renta básica mensual para subsistir de 664 mil pesos a 11.869 exinsurgentes durante 11 meses (más de 86 mil millones de pesos).
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Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincoporación y la Normalización, ARN, explicó que el Gobierno ha puesto todas sus fortalezas e insumos técnicos a través de la institucionalidad para cumplir. En esa vía, agrega, se creó el marco del Acuerdo con temas específicos como la protección a desmovilizados y sus familiares con el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección, UNP.
“El Acuerdo estableció beneficios de carácter mensual para la población, que se da por el término de 24 meses, de los cuales llevamos 11. El objeto es que con estos desembolsos ellos no se preocupen por temas laborales sino que comiencen a generar habilidades para adelantar una iniciativa productiva o para emplearse en el sector formal, por eso está pensado que la reincorporación dure cerca de ocho años”, comenta Stapper.
El choque entre Gobierno y la Farc se centra en los proyectos productivos y las alternativas económicas para los desmovilizados de la exguerrilla.
Temor por los asesinatos
Más allá de proyectos productivos, lo que más preocupa a los excombatientes es el tema de la seguridad. El informe de garantías de seguridad entregado por el Gobierno registra que desde que se firmó el Acuerdo el 24 de noviembre de 2016, 58 excombatientes y 18 de sus familiares fueron asesinados. No obstante, las investigaciones de organizaciones de Derechos Humanos y otras entidades como Indepaz, Cumbre Agraria y Marcha Patriótica, dicen que han sido asesinados 62 exguerrilleros y 17 familiares, y se suman seis desapariciones forzadas.
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Al respecto, Stapper precisa que en estos procesos siempre va a haber un problema de seguridad para los excombatientes y las comunidades que los acogen. “Lo que hacemos de la mano de la Fuerza Pública y la institucionalidad es fortalecer mecanismos de protección y autoprotección para que esos temas no se repitan”. Para cumplir con este objetivo se destinaron 164 esquemas de seguridad para miembros de la Farc y 934 hombres (escoltas) fueron asignados.
Aun así, exguerrilleros como Helmer Arrieta, excomandante del frente 18 cuyo nombre de combate fue “el Flaco”, dice que “la seguridad debe pasar más allá de un esquema. Debe ser integral y que comprometa toda la Institucionalidad, sin seguridad no hay reincorporación”.
¿Y de las armas qué?
Uno de los asuntos que más dudas generó fue si se tendría la foto de guerrilleros entregando armas. No la hubo, aun así, Naciones Unidas fue el observador y garante de que la guerrilla más antigua del continente se desarmara.
Fue así como la ONU recibió y verificó la entrega de 7.132 armas individuales. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reveló en marzo de 2018 que la Fuerza Pública, en cooperación con las Naciones Unidas, desmantelaron 938 caletas de Farc, sin embargo, los datos no coinciden con los de otras entidades.
Declaraciones de Villegas reseñan que 972 depósitos ilegales fueron informados inicialmente por las Farc, a los que se suman 74 reportadas entre diciembre del 2017 y enero del 2018, y 50 más hallados gracias a la inteligencia de la Fuerza Pública. “Eso nos da un gran total de depósitos ilegales de armamentos y municiones de 1096, de las cuales se han logrado extraer 938”, dijo Villegas.
