Según el Instituto Kroc, dos desafíos están afectando la implementación de los Acuerdos: el recrudecimiento de las confrontaciones armadas y la pandemia.
Publicado por: Colprensa, Bogotá
El Instituto Kroc publicó su quinto informe exhaustivo en el que detalla el estado de la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020.
El estudio no solo analiza la implementación, sino las condiciones sociales del país en donde destaca que el 2020 fue un año de confrontaciones intensas en los territorios de paz.
Según el estudio, luego de cuatro años de la firma del Acuerdo Final, “el estado de la implementación muestra una dinámica de pocos cambios, pero orientada a alcanzar metas de largo y mediano plazo. Atrás quedaron los cambios acelerados en el proceso de implementación registrados en los primeros dos años después de la firma, en los que se consolidaron la mayoría de compromisos de corto plazo que fueron fundamentales para sentar las bases de la implementación”.
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Así mismo, indica que entre el tercer y cuarto año, los esfuerzos de los actores encargados de la implementación estuvieron dirigidos en realizar ajustes institucionales y promover la coordinación entre ellos para llevar a cabo procesos participativos de planeación y para garantizar la implementación a nivel territorial.
Entre las cifras presentadas, de las 578 disposiciones del acuerdo de paz, el informe señala que las disposiciones implementadas completamente y en estado intermedio aumentaron dos puntos porcentuales durante el 2020.
“A la fecha de corte del informe, el 28% de las disposiciones estaba implementado completamente, en contraste con un 26% en 2019. Un 18% de disposiciones estaba en un nivel de avance intermedio, es decir, está en camino a ser completado en el tiempo establecido, a diferencia del periodo anterior en el que se hallaba en un 16%.
Frente a los enfrentamientos, el informe señala que “se registraron amenazas, asesinatos selectivos, masacres y otras formas de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, personas que lideran causas sociales y ambientales y personas en proceso de reincorporación.
Enfrentamientos
Para el instituto en el 2020 se recrudeció la violencia en territorios como el Bajo Cauca, Cauca, Chocó, Catatumbo, Guaviare y Sur de Bolívar. Allí, según el estudio “los combates y las hostilidades se vivieron de forma más intensa. A su vez, aumentaron las confrontaciones entre dichos grupos y la Fuerza Pública, pero el número de miembros de la Fuerza Pública que fallecieron en combate en 2020 disminuyó levemente en comparación con el 2019”.
Según el estudio “pese a que la intensidad de las confrontaciones fue mucho menor a las condiciones que se presentaron antes de las negociaciones y la firma del Acuerdo (2012-2016), éstas impactaron de manera profunda tanto las dinámicas de implementación, como la vida social, económica y política en las regiones afectadas, en particular porque las víctimas fueron personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos, excombatientes de las extintas Farc-EP y miembros de la sociedad civil”.
Preocupa que en las cifras utilizadas por el instituto Kroc indican que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, asegura que en 2020 73 excombatientes fueron asesinados, “en promedio uno cada 5 días. Asimismo, desde la firma del Acuerdo y hasta diciembre de 2020, la Misión registró 57 tentativas de asesinato y 20 casos de desaparición forzada de esta población. Los departamentos más impactados por número de homicidios que se registraron fueron: Meta (11), Valle del Cauca (8), Cauca (8), Putumayo (7) y Nariño (6). Del total de asesinatos de excombatientes, un 72% se concentró en áreas rurales con presencia de cultivos de uso ilícito y en municipios PDET”.
Según el instituto los asesinatos de excombatientes y de líderes sociales han sido en su mayoría producto de estrategias violentas de control territorial entre grupos armados ilegales, “los asesinatos selectivos de líderes y lideresas sociales, y personas defensoras de derechos humanos aumentaron durante 2020. Según Indepaz, 310 líderes sociales fueron asesinados, un incremento significativo respecto a los 279 asesinatos reportados en 2019. En este mismo periodo, la Defensoría del Pueblo documentó el asesinato de 182 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, para un total de 753 asesinados desde la firma del Acuerdo, siendo el 2020 el de la cifra más alta”.
El estudio encontró, además, que se registraron grandes diferencias al interior de las 16 regiones PDET. “Comparando las tasas de 2020 y 2019, 87 municipios PDET registraron un descenso, pero 76 de éstos un incremento de homicidios. Algunos municipios con las tasas más altas están ubicados en las regiones del Bajo Cauca, Nordeste antioqueño y Norte del Cauca”.
