Tanto la Procuraduría, como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y hasta las altas cortes se oponen al decreto del Gobierno Nacional que permitirá la excarcelación de los procesados por las protestas de 2021. Argumentan que hay injerencia en la justicia.
Publicado por: Arley Sánchez
Los órganos de control y hasta las altas cortes no le dan el visto bueno al Decreto 2422 del 9 de diciembre de 2022, emitido por el Gobierno Nacional, con el cual se podrían excarcelar más de 200 jóvenes que están siendo procesados por las protestas de 2021 para convertirlos en "gestores de paz".
Para la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, el polémico decreto interfiere con las decisiones judiciales, toda vez que recobrarán la libertad quienes no han recibido condena y están en pleno proceso ante los despachos del país.
Las tres entidades han advertido que la liberación no será viable debido a que no existe el debido proceso. El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, dijo luego de conocer la propuesta que si el presidente Gustavo Petro quiere ofrecer la libertad, deberá capotear el trámite en el Congreso de la República.
“Cualquiera puede ser designado gestor de paz, incluso estando privado de la libertad. Pero esa gestión de paz no necesariamente implica salir de la cárcel. Frente a esto debe existir una relación con organizaciones criminales que estén en procesos de paz. El Ejecutivo no puede incidir en decisiones tomadas por la Rama Judicial frente a delitos comunes, como los que se cometieron en el marco de las violentas protestas”, cuestionó en su momento Barbosa.
La inconformidad del jefe del ente acusador siempre ha sido notoria. Y es que Barbosa, además, ha dicho que no ha conocido mucho sobre la propuesta. Es decir, el Ejecutivo quiere beneficiar a quienes la misma Fiscalía ha acusado ante los diferentes despachos del país.
Hace una semana Gustavo Petro y Francisco Barbosa se iban a reunir para conversar sobre este y otros temas. Sin embargo, no fue posible por los problemas de salud del Fiscal.
Margarita Cabello Blanco, como procuradora General, tampoco está de acuerdo con esta medida, pues considera que la liberación de los privados la debe decidir un juez y no la Casa de Nariño.
“Corresponde a los jueces decidir sobre la privación legal de la libertad y, asimismo, sobre la liberación de los detenidos y condenados en todos los casos. La reserva judicial supone una competencia inderogable en una democracia constitucional con división de poderes y ello impide que se diluyan las competencias. El Gobierno no es competente para ordenar libertades y menos para generalizar siquiera la situación jurídica, en particular, de quienes han surtido una ruta judicial cuya legalidad se presume y en la cual los recursos y las acciones constitucionales son la vía para asegurar derechos y garantías”, dijo Cabello Blanco en diálogos con Semana.
La Defensoría del Pueblo y la Corte Suprema de Justicia también tienen dudas sobre este decreto, pues como han asegurado, iría en contra de la autonomía judicial.
Oposición en el Congreso
El ambiente en el Congreso de la República no ha sido diferente. Cuando el Gobierno Nacional presentó el proyecto de Ley de Paz Total o prórroga a la Ley de Orden Público, la oposición hizo que se cayera un artículo que buscaba indultar a quienes protestaron durante 2021.
Este inciso obligó, de cierta forma, al gobierno Petro a retirar la iniciativa con el fin de que no se cayera el proyecto completo, que por algún tiempo estuvo en vilo por las diferentes polémicas.
Si bien es cierto que no fue aprobada esa medida, la ley, que es el marco normativo para los diálogos de paz y el sometimiento a la justicia, sí faculta al Ejecutivo para tomar decisiones como esta, o suspender las órdenes de captura como ya se hizo con miembros del Eln.
