La Fiscalía General de la Nación pudo identificar quiénes están detrás de las amenazas a la hija del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, y en contra del director de la SAE, Daniel Rojas. ¿A qué sanciones se pueden exponer los responsables?
Publicado por: Redacción Digital
En un término menor a 24 horas, la Fiscalía General de la Nación logró establecer quiénes son los responsables de las amenazas en contra de la hija del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro; y contra el director de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Daniel Rojas Quintero.
Por el momento, los responsables serán judicializados por los delitos que están tipificados en el Código Penal Colombiano, debido a que amenazar a funcionarios del Estado, a sus familiares e incluso a defensores de derechos humanos, podría traer varias sanciones según los penalistas.
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Par el abogado Jaime Granados, el amenazar vía redes sociales o por cualquier otro medio, podría implicar duras condenas por parte de un juez de la República que irían desde cárcel efectiva e incluso multas económicas.
"En principio el lanzar una amenaza por cualquier vía que implique peligro a su vida, si se trata de una persona defensora derechos humanos o funcionarios, de una vez se tipifica como delito de amenaza", puntualizó el abogado.
El Código Penal establece penas entre los de 72 meses (6 años ) hasta 128 meses (10 años) a quienes lancen amenazas que pongan en riesgo la vida de otras personas.
"Hace cinco años existe como delito. La Fiscalía tiene una unidad dedicada a trabajar esto y a mi parecer ha sido efectiva", puntualizó a Vanguardia Jaime Granados, quien incluso también ha sido víctima de este delito.
Pero los responsables también podrían recibir altas sanciones económicas que van desde 17 salarios mínimos hasta los 200.
El caso Andrea Petro
Esta semana, la hija del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, fue amenazada a través de sus redes sociales, donde un usuario lanzó fuertes comentarios.
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Tras el hecho, el mismo jefe de Estado pidió a la Fiscalía General de la Nación adelantar las respectivas investigaciones para poder determinar quién está detrás de los hechos.
Ahora el ente acusador ya pudo establecer quiénes son los responsables y serán judicializados.
