Rodrigo Londoño y otro grupo de excombatientes manifestaron inconformismo con la cantidad de amnistías, la suposición de un “descarrilamiento”, una búsqueda incisiva de justicia en Colombia.
Publicado por: Redacción Colpresa
En lo que va del 2024, el último secretariado de las extintas Farc, la cúpula del partido Comunes y principal bancada compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha enviado al menos dos cartas en las que expresa reparos hacia el funcionamiento del mecanismo de justicia transicional al que se sometió hace ocho años.
Rodrigo Londoño y otro grupo de excombatientes manifestaron inconformismo con la cantidad de amnistías, la suposición de un “descarrilamiento”, una búsqueda incisiva de justicia, entre otros cuestionamientos que han generado, a su vez, respuestas tajantes por parte de la Jurisdicción. El debate luego escaló frente a una propuesta que podría alterar el sistema integral de paz.
El descontento de quienes antes integraron a la mayor guerrilla de América Latina les ha llevado a decir que si la JEP se sigue apartando de su mandato, según su criterio, podrían llegar a no seguir acudiendo a ese tribunal, así como a diseñar otro que cumpla con las garantías que alegan vulneradas. Es decir, buscarían crear un tribunal de cierre.
Mientras los análisis fueron copando la agenda pública, a esa iniciativa se le denominó “ley de punto final”. Posteriormente, significó un punto de encuentro entre dos viejos rivales que en el pasado, literalmente, se disparaban a muerte. Salvatore Mancuso, de acuerdo con lo que su abogado comentó en medios de comunicación, no solo está de acuerdo, sino que está “trabajando” en ello.
La idea del recién retornado a Colombia, según su representante Jaime Paeres, es elaborar una propuesta de “cierre” que funcione como un tribunal superior para la jurisdicción de Justicia y Paz, el mecanismo transitorio creado tras la desmovilización masiva del paramilitarismo. Se trata de un método que conserva falencias que el proceso de paz con las Farc intentó mitigar.
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En una audiencia en la que se buscaba determinar si el designado gestor de paz recobraba su libertad, luego de leer el acto administrativo que lo designó, Mancuso sostuvo que su papel permitiría repasar “qué pasó con los bienes que entregamos a Justicia y Paz”, pues considera que el marco jurídico transicional para exparamilitares aún es incompleto.
El cordobés aseguró, entonces, que su idea es “revisar por qué la Ley de Justicia y Paz hoy, después de dieciocho años, no ha concluido”, sino que le tomaría unos treinta años llegar a una reconstrucción adecuada del conflicto y a una reparación de las víctimas. Su postura compagina, con los argumentos con los que apeló la decisión con la que la JEP lo admitió excepcionalmente.
Para el exganadero y su equipo jurídico, es necesario que no haya una especie de verdad “incompleta” o “fragmentada”, lo cual podría ocurrir, según su criterio, si comparece ante dos justicias transicionales. Mancuso busca obtener una libertad casi completa para responder a sus compromisos con las víctimas, y si no lo logra en Justicia y Paz, espera hacerlo con la JEP.
Por eso, en noviembre del año pasado, cuando la Jurisdicción anunció que lo admitía únicamente para reconstruir cómo fue su labor como “bisagra” o “punto de conexión” entre las Fuerzas Militares y las estructuras paras, y no para asumir todos los casos derivados de sus conductas, su paso siguiente fue apelar. La JEP aún estudia ese recurso jurídico.
Y, en paralelo, las gestiones diplomáticas permitieron que Mancuso regresara a Colombia. Desde entonces, Justicia y Paz de Bogotá le dio libertad, Justicia y Paz de Barranquilla tiene pendiente decidir la próxima semana y la JEP espera las providencias. El punto es que Mancuso busca ser libre, pero tiene mucho que responder.
Discrepancias con la JEP
En el entretanto, las extintas Farc continúan admitiendo sus discrepancias frente al funcionamiento de la Jurisdicción Especial, el organismo al que aceptaron someterse luego de pactar con el Estado. Mientras el objetivo de ‘Triple Cero’, excomandante de las Autodefensas, es no volver a prisión, el de la exguerrillerada es poder acceder a más amnistías y más espacios de confrontación jurídica.
De acuerdo con Julián Gallo, senador del partido Comunes, el antiguo secretariado entiende que “no es viable” una idea de ley de punto final, pues el Estatuto de Roma, que regula a la Corte Penal Internacional y su ámbito de juzgamiento, pasaría factura en Colombia, un país en el que los entes estatales participaron en violaciones masivas de derechos humanos.
Que el Estado fuese signatario del Estatuto y que a su vez fuese responsable de crímenes de guerra es lo que llevó a la creación de la JEP, “que luego desnaturalizaron”, indicó el congresista. “Nuestra propuesta de tribunal de cierre pasa por garantizar la verdad y el asumir responsabilidades por parte de quienes participamos directa e indirectamente en el conflicto”, señaló Gallo.
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Incluso, Gallo apuntó que no está en desacuerdo con una “amnistía política, no penal”, propuesta por el expresidente Álvaro Uribe en medio de toda la deliberación sobre la posibilidad de un “punto final”. “Por la paz, por el futuro del país, amerita tomarse un tinto para analizar este y otros temas de gran importancia en la actual coyuntura”, dijo Julián Gallo.
La no comparecencia de actores políticos de alto nivel, como ex ministros de Estado o expresidentes, ha sido siempre un punto de discusión entre quienes se oponen a la JEP. La magistratura, en cambio, ha comprendido que ese aspecto es producto de la negociación a la que llegaron las partes que firmaron en el Teatro Colón en noviembre de 2016.
Un eventual “tribunal de cierre”, en ese sentido, comprendería aportes a la verdad por parte de tales funcionarios, así como formas de cerrar impugnaciones, evaluar cómo van las investigaciones de las Salas de Justicia de la JEP o contrastar versiones que pudieron haberse entregado en los dos sistemas transicionales que existen en el país.
El proyecto implicaría una modificación rotunda a la arquitectura institucional detrás de la JEP, lo que ha provocado el rechazo de su presidente, el magistrado Roberto Vidal; pero también debería apreciar cómo ajustaría los engranajes de ese tribunal junto a los de Justicia y Paz, dado que sus formas de sancionar los hechos que marcaron al conflicto armado colombiano son distintas.
Por ejemplo, Justicia y Paz llegó a tal punto de acumulación de procesos que tuvo que conseguir un despacho de descongestión y concentración de casos en Bogotá, y ni siquiera así ha podido resolver la totalidad de causas alrededor de Mancuso.
En el auto de libertad a prueba de Mancuso se alcanza a mencionar que, aunque la decisión se encuentra en firme, aún quedan otros jueces que deben pronunciarse. En concreto, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla certificó el 26 de febrero que Mancuso tiene vigentes 33 medidas de aseguramiento que deben traducirse en detención preventiva.
La última de esas 33 órdenes llegó el 26 de enero de este año tras una solicitud de la Fiscalía Novena delegada ante el Tribunal que no solo fue radicada contra Mancuso, sino contra otros integrantes de los frentes Mártires del Cesar y Resistencia Motilona. El Tribunal de Barranquilla ha recogido al menos 11.336 hechos y 15.225 víctimas que se le atribuyen a ‘Mono Mancuso’.
Mientras que la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá certificó que ‘Triple Cero’ tiene vigentes catorce medidas de aseguramiento decretadas por ese despacho entre 2021 y 2023, además de varias órdenes de captura. La juez precisó que no está en su competencia “suspender” las 47 detenciones, pues es necesario que Mancuso acuda a quienes las impusieron.
Es decir, el sistema de Justicia y Paz admite que la Fiscalía investigue hecho por hecho, víctima por víctima, lo que retarda la labor de juicio que deben emprender las salas especializadas de los entes judiciales que también hacen parte de la justicia ordinaria.
