La Defensoría del Pueblo emitió su quinta alerta temprana de inminencia en lo que va del 2024. Se trata de una advertencia por los riesgos entre los que vive la población de Jamundí, en el Valle del Cauca, a una hora de Cali.
Publicado por: A.S.
El ente de derechos humanos dio a conocer la alerta días después de que varios ciclistas fueron interceptados en la vía Cali-Jamundí por un retén ilegal de una disidencia de las Farc, el mismo grupo del que el Ejército tuvo que desmontar varias pancartas.
“Estos son solo dos hechos violentos que comprueban la necesidad de que los entes gubernamentales y las fuerzas de seguridad del Estado implementen acciones urgentes, excepcionales y prioritarias”, manifestó el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis.
La Defensoría señala que el mayor peligro de la ciudadanía en ese sector es el frente Jaime Martínez, del autodenominado Estado Mayor Central, una disidencia comandada por ‘Iván Mordisco’ con la que el Gobierno busca tener diálogos de paz.
De acuerdo con la entidad, el accionar “indiscriminado” del frente afecta principalmente a habitantes de la zona rural de Jamundí, como a la comunidad indígena de los resguardos Pueblo Nuevo y Kwes Kiwe Nasa o a las familias campesinas de varias localidades.
La alerta temprana subraya un aumento en las violaciones a los derechos humanos por cuenta de los secuestros, los homicidios, las restricciones a la movilidad, la imposición de horarios, los retenes ilegales y el reclutamiento forzado, entre otras conductas.
El grupo ilegal busca tener “control social”, afirma la Defensoría, a partir de retenes imprevistos en vías terciaras, con los que le exigen a la población portar un carné de las juntas de acción comunal que los acredite como “vecinos de la región”.
“Tenemos conocimiento de casos en los que si una persona no porta o no tiene el carné, es retenida por la guerrilla, incluidos adolescentes y mujeres. Adicionalmente, las investigan, les cobran multas o las obligan a realizar trabajos forzados”, añadió Camargo.
Además de esos crímenes, la Defensoría asegura tener conocimiento de homicidios y atentados con artefactos explosivos “que pueden violar los principios de proporcionalidad y precaución del derecho internacional humanitario”.
El delito que más se comete, de acuerdo con el órgano estatal, es el de las exigencias extorsivas, las cuales, en caso de ser ignoradas, provocan retaliaciones que pueden ir hasta ataques de granadas de fragmentación en locales comerciales.
“Además de retomar el control de las vías, hemos pedido a las autoridades que sea reforzada la seguridad en Jamundí, y, como hemos visto en otras regiones, que también haya una labor social”, expresó el defensor del pueblo.
Para el titular de la Defensoría, es importante “trabajar de manera coordinada en campañas de prevención del reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes, para que las estrategias y programas sean ejecutados de manera rápida, armónica, a tiempo”.
