Imputados ocho exmilitares por ‘falsos positivos’ ante el Tribunal para la Paz

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP ha presentado ante el Tribunal para la Paz a ocho de los diez imputados por casos de ‘falsos positivos’. Esto ocurre tras un minucioso examen del cementerio Las Mercedes en Dabeiba, Antioquia.

Publicado por: K.M.

Los crímenes, cometidos entre 1997 y 2007, han sido el foco de atención en la última fase de la etapa investigativa de la JEP, abordando los Casos 03 y 04, que analizan asesinatos y desapariciones presentados como bajas en combate y los impactos del conflicto en el Urabá.

Con esta determinación, los ex militares pasan a ser candidatos para recibir sanciones propias, una forma de reparación que no implica prisión pero que el magistrado Alejandro Ramelli aclara que constituye penas reales. Tras un proceso de esclarecimiento judicial, se ha dado una calificación jurídica a los crímenes, destacando tres patrones de acción macrocriminal asociados a los hechos.

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Los imputados, pertenecientes al Ejército Nacional retirado, han reconocido su culpabilidad en cientos de ‘falsos positivos’ cometidos en Dabeiba, Medellín y Turbo. Las víctimas, agrupadas en campesinos, excombatientes desmovilizados de las FARC y personas en situación de vulnerabilidad, fueron engañadas y posteriormente asesinadas y desaparecidas para presentarlas como resultados operacionales, según narró Ramelli.

Este caso, que ha implicado la exhumación de 25 fosas y una bóveda, ha sido especialmente complejo debido a la falta de informes previos por parte de la justicia ordinaria y la escasez de recursos, lo que dificultó la identificación de cuerpos y la obtención de pruebas. Tras trabajar con las víctimas, se han establecido cuatro categorías de daño y se han propuesto medidas de reparación, que incluyen mejoras en vías terciarias, proyectos productivos y trabajos restauradores anticipados.

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Dos de los comparecientes, los coroneles David Guzmán y Jorge Amor, enfrentarán un proceso adversarial frente al Tribunal de Paz y podrían recibir hasta 20 años de cárcel por no aceptar su responsabilidad. Sin embargo, otros imputados se comprometen a colaborar en proyectos de restauración y reparación como parte de su contribución a la justicia transicional.

Con información de Colprensa.