Tal y como lo había anunciado el Consejo de Estado, la Corte Constitucional ratificó que el Consejo Nacional Electoral, CNE, es la autoridad encargada para investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro.
En un nuevo pronunciamiento y apoyando el concepto del Consejo de Estado, la Corte Constitucional se pronunció y ratificó que el Consejo Nacional Electoral, CNE, sí es la autoridad competente para investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro, que aparentemente habría tenido financiación de forma irregular.
La respuesta del alto tribunal se dio luego del álgido debate que el mismo presidente Gustavo Petro inició tras mostrar su desacuerdo por las investigaciones que el Consejo Nacional Electoral avanza en contra de su campaña. En repetidas ocasiones el mandatario de los colombianos afirmó que el CNE no era competente para investigar a un jefe de Estado por su investidura y fuero político.
El conflicto de competencias se dio por la demanda que instauró la ONG, Mipofaamcol, con la cual pidió avanzar en las pesquisas de la campaña presidencial. El hecho mereció un choque entre el Juzgado 21 Administrativo de Bogotá, y el Juzgado 29 Civil, y el cual fue resuelto por la Corte Constitucional.
Justamente hace menos de un mes los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz presentaron ponencia ante la sala plena del Consejo Nacional Electoral, CNE, con la cual piden formular cargos en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro, la cual habría ‘volado’ hasta $6 mil millones en topes y habría recibido financiación irregular.
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Con mayorías en la Comisión de Acusaciones
Los representantes a la Cámara, Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico), Alirio Uribe (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de la ‘U’), quienes tienen en sus manos la investigación por presunta financiación a la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la Comisión de Acusaciones, pidieron al Consejo Nacional Electoral remitir el proceso en contra de la contienda del hoy jefe de Estado.
“Aunque ese órgano es competente para investigar a los partidos, a los gerentes y candidatos, la competencia exclusiva para investigar al Presidente la tiene el Congreso de la República por ser su juez natural al amparo del fuero constitucional”, dice el documento enviado por los congresistas investigadores.
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Topes volados
Los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada presentaron la ponencia con la cual buscan que la sala plena del Consejo Nacional Electoral formule cargos a la campaña presidencial de Gustavo Petro, argumentando que se ‘volaron’ los topes permitidos además que no se habría reportado los gastos de más de $5.000 millones.
“Resolución por medio de la cual se abre investigación se formulan cargos contra los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, en calidad de candidato presidencial; Ricardo Roa Barragán, en calidad de gerente de campaña; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, en calidad de auditores; el Movimiento Político Colombia Humana y el Partido Político Unión Patriótica; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales de primera y segunda vuelta de la Coalición Pacto Histórico”, dice la ponencia de los magistrados que han sido cercanos al Partido Liberal y al Centro Democrático.
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En el documento, que pondrán a consideración de todos los magistrados, se dallaron los aportes que recibió la campaña y que no fueron reportados como lo deben hacer las contiendas ante el mismo Consejo Nacional Electoral, que regula los topes económicos de las agrupaciones políticas.
El consolidado preliminar del informe señala que el Pacto Histórico, coalición de izquierda que apoyó a Gustavo Petro en la contienda política, omitió reportar gastos superiores a los $3.861.201.833 tanto en primera como en segunda vuelta.
El informe detalla la manera en que ingresaron los dineros sin reportar: Fecode aportó $500 millones los cuales no se reportaron. El Polo Democrático ‘inyectó’ otros $500 millones, la Unión Sindical Obrera, USO, $121.544.000, se omitieron los pagos de aviación por 1.249.793.230.
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Además, el Consejo Nacional Electoral considera que no se reportó el pago desde la campaña al Senado 2022 del Pacto Histórico por $202.471.731.
Pero las inconsistencias que consideran hubo los magistrados también están relacionadas con una factura electrónica de propaganda electrónica por $356.102.872 y la omisión de pagos a testigos electorales por $931.290.000.
