Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López enfrentan cargos severos por concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público agravado en el caso UNGRD.
Publicado por: Redacción L.B.
Durante la crucial audiencia pública de este jueves, la fiscal Andrea Muñoz reveló los graves cargos que enfrentan Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero en el caso Ungrd, vinculado a presuntas irregularidades millonarias.
A los imputados se les señala por tres delitos durante la primera audiencia de imputación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y cada uno acarrea condenas y montos diferentes.
Según la Fiscalía, por el delito de concierto para delinquir, los imputados podrían ser condenados por ocho a 18 años de prisión y enfrentar multas entre 2.700 y 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLM).
Además, se imputa a los tres por peculado por apropiación, delito que conlleva penas de 96 a 260 meses de cárcel (más de 21 años) y multas que no excedan los 50.000 SMLM, así como la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.
Y por último, se les acusa del delito de falsedad ideológica en documento público agravado, en donde la Fiscalía busca penas de 64 a 144 meses de prisión (entre 5 y 12 años) y la inhabilidad de 80 a 180 meses.
El caso involucra investigaciones sobre 21 órdenes de proveeduría y contratos que superan los $228.844 millones, destinados al alquiler de 40 carrotanques para el abastecimiento de agua en La Guajira, así como contratos de suministros a empresas vinculadas al contratista conocido como el Pastuso.
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Durante la audiencia, la fiscal Muñoz detalló que Olmedo López habría dispuesto de $100 mil millones de la Ungrd, a través de órdenes de proveeduría, direccionando estos recursos hacia Luis Eduardo López para cumplir compromisos con Iván Name y Andrés Calle.
Además, se reveló que Sneyder Pinilla, exsubdirector de Ungrd, bajo instrucción del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, coordinó con la asesora María Alejandra Benavides del Ministerio de Hacienda contratos en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, supuestamente diseñados para favorecer a congresistas de la Comisión Tercera y de la Comisión de Crédito Público.
El proceso judicial continúa develando detalles sobre las presuntas tramas de corrupción que han generado amplia repercusión en el ámbito político y judicial del país.
Con información de El Colombiano*
