La nulidad de su nombramiento en marzo fue vista como un acto de persecución política por parte del presidente Gustavo Petro, quien criticó duramente la decisión del Consejo de Estado, e hizo caso omiso a esta decisión.

Publicado por: K.M.
A través del decreto 0984 de 2024, la Cancillería de Colombia decidió nombrar nuevamente a Andrés Hernández como cónsul provisional en Ciudad de México, una designación que ha generado gran controversia.
En marzo de este año, el Consejo de Estado había anulado su nombramiento anterior, argumentando que Hernández no cumplía con los requisitos necesarios para ocupar el cargo.
El decreto, firmado por el canciller Luis Gilberto Murillo, sostiene que Hernández “cumple los requisitos para desempeñar el cargo [...], y asimismo, no se vulnera el principio de especialidad de los funcionarios de Carrera Diplomática y Consular en la categoría de Consejero”.
No obstante, la Sección Quinta del Consejo de Estado había señalado que Hernández no contaba con la experiencia requerida y que existía otro candidato de la carrera diplomática y consular disponible para ocupar el puesto en México.
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La nulidad de su nombramiento en marzo fue vista como un acto de persecución política por parte del presidente Gustavo Petro, quien criticó duramente la decisión del Consejo de Estado.
Petro expresó su frustración diciendo: “Hoy no tengo diplomáticos en México. A todos los sacaron con decisiones judiciales. Los funcionarios que ponemos los sacan al mes y luego dicen que no hay persecución”.

Este no es un caso aislado. En julio, la Cancillería volvió a nombrar a Aixa Carolina Kronfly David como consejera de Relaciones Exteriores en el Consulado de Colombia en Sevilla, España, con funciones de cónsul general.
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El Consejo de Estado también había anulado su nombramiento en diciembre, cuestionando la legalidad de su designación.
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La decisión de nombrar nuevamente a Hernández como cónsul en Ciudad de México, a pesar del fallo del Consejo de Estado, ha provocado críticas y debates sobre la independencia judicial y la autonomía de la carrera diplomática en Colombia.
El Gobierno de Petro ha defendido estas designaciones argumentando que están basadas en criterios de idoneidad y necesidad, mientras que los críticos ven en estos nombramientos una falta de respeto a las decisiones judiciales y un intento de imponer funcionarios afines al Gobierno, independientemente de los requisitos legales.}
La Cancillería colombiana está considerando modificar los requisitos de ingreso a la carrera diplomática, lo que ha generado una fuerte oposición entre los actuales diplomáticos y expertos en relaciones internacionales.
Hace unos meses el Consejo de Estado tumbó el nombramiento de Andrés Camilo Hernández como Cónsul en México y esta semana el Gustavo Petro sacó otro decreto y lo volvió a nombrar en el mismo cargo.
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 6, 2024
El presidente se burla de la justicia y de las instituciones. Vergonzoso pic.twitter.com/T9H9YuEwlo
Unidiplo acusa a la Cancillería de querer reducir el nivel de exigencia y preparación para ingresar a esta carrera, lo que, según ellos, comprometería la calidad de los futuros diplomáticos.
Un punto controvertido es la propuesta de disminuir el requisito de dominio de un idioma extranjero de nivel B2 a B1. Según la asociación, “el nivel B1 no es compatible con la expresión ‘hablar y escribir correctamente, además del español, otro idioma de uso diplomático’”.
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Astrid Camelo, analista política y experta en capacitación para exámenes diplomáticos, explicó en el diario El País de Cali la diferencia entre los niveles B1 y B2: “El nivel B1 permite entender textos sobre temas conocidos con ayuda de un diccionario y mantener conversaciones sencillas, mientras que el nivel B2 permite comprender textos avanzados y conversar fluidamente con hablantes nativos”.
Otra propuesta controvertida es la inclusión de acciones afirmativas para grupos históricamente marginados, otorgando puntajes adicionales a ciertos grupos en el examen escrito.
Unidiplo y Asodiplo advierten que esto podría desvirtuar la igualdad de condiciones entre los aspirantes. Unidiplo señaló que un aspirante podría incrementar significativamente su puntaje y avanzar a la siguiente fase del concurso solo por pertenecer a varios grupos beneficiados.
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Camelo advirtió sobre los riesgos de acumular puntajes adicionales: “No se puede permitir que, en nombre de la inclusión, un candidato con múltiples interseccionalidades acumule hasta un 15 % de puntaje adicional sin siquiera presentar la fase I del examen”.
El proyecto también propone cambiar la prueba de conocimientos de selección múltiple por dos ensayos y una prueba oral en video, lo que ha generado más críticas.
Unidiplo argumenta que la eliminación de la prueba de conocimientos precisos podría llevar a evaluaciones subjetivas, mientras que Asodiplo señaló que la prueba oral en video carece de criterios objetivos de calificación, lo que podría hacerla injusta y subjetiva.
Resumen agencias.












