Ante el Congreso de la República el Gobierno Nacional radicará el proyecto de ley de la Jurisdicción Agraria que ya tiene varias críticas. Alertan de revivir la expropiación exprés y de legalizar tierras invadidas.

Ante la Comisión Primera del Senado, el Gobierno Nacional radicará el proyecto de ley de la Jurisdicción Agraria que se convertirá en uno de los primeros documentos de la Casa de Nariño para sacar adelante durante esta tercera Legislatura.
Aunque todavía no se ha radicado, desde algunos sectores ya empezaron a lanzar advertencias sobre lo que trae el documento. Algunos congresistas alertan sobre un artículo que permitiría la expropiación exprés además de otras iniciativas que generan polémica.
Las alarmas han prendido la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda; y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quienes previo a la radicación del documento señalan que el documento podría ser “peligroso” para los colombianos.

“Hoy se radica el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria y Rural, y, tal como me lo temía, quieren incluir la expropiación exprés”, afirmó la congresista que ha sido crítica del Gobierno Nacional pese a que su partido, la Alianza Verde, hace parte del oficialismo.
Según el documento, en el Artículo 5 en su numeral 4 señala que serían expropiadas las actividades que vayan en línea con la reforma agraria y rural. “El proyecto de ley señala que serán sujetos de expropiación todas las actividades que se alineen con la reforma agraria y rural, ¿cuál es el racero que se usará para determinar que la tierra tiene esas características? ¿Si alguien tiene una finca en un terreno fértil, puede expropiarse?”, cuestionó Miranda.
“Lo más grave está en el parágrafo 1º del Artículo 12. Allí se señala que los procedimientos especiales como los de expropiación, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras, una entidad administrativa, cuando hoy lo hace un juez de la República”, afirmó la representante de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.
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Para la militante de la Alianza Verde, el proyecto de ley de la Jurisdicción Agraria y Rural buscaría que la Agencia Nacional de Tierras sea la que decida en qué momentos se podría proceder a la expropiación exprés, que en su momento también fue alertada por la exministra de Agricultura, Cecilia López.
“Señores Gobierno Nacional, no más micos, no más violación a la propiedad privada. ¡Respeten a los colombianos! Y eso sin hablar de que no hicieron consulta previa para el proyecto de ley, sino que entregan facultades extraordinarias al Presidente para hacer una consulta posterior, a todas luces inconstitucional”, afirmó Miranda.
Paloma Valencia también alerta de riesgos en la Jurisdicción Agraria
La senadora del Centro Democrático y miembro de la Comisión Primera por donde entrará el documento a trámite legislativo, Paloma Valencia, también lanzó una serie de advertencias sobre el documento que hoy presentará el Gobierno Nacional.
Para la congresista, este documento permitiría la legalización de la invasión de tierras con el principio de permanencia agraria. “Bastaría con que los invasores realicen alguna actividad productiva en el predio, como una pequeña cosecha, para que nadie, ni siquiera los jueces, pueda desalojarlos. Este mecanismo otorgaría protección legal a los invasores y debilitaría significativamente los derechos de los propietarios legítimos”.
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Al igual que la representante Katherine Miranda, la senadora Valencia alertó sobre el artículo que permitiría la polémica expropiación exprés que la Corte Constitucional tumbó en el Plan Nacional de Desarrollo, y que fue alertada en su momento por la entonces ministra de Agricultura, Cecilia López.
“El proyecto no solo afectaría al sector agrícola, sino también al minero-energético. El Gobierno propone que todas las controversias comerciales relacionadas con la producción de alimentos, productos agrarios, y recursos naturales no renovables, como carbón y petróleo, sean resueltas en esta jurisdicción agraria, pese a que ya existen jueces especializados para ello. Esto plantea serias dudas sobre el futuro del sector minero-energético en el país”, afirmó la senadora del Centro Democrático.


















