La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en contra del senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, por los presuntos delitos de lavado de activos, concusión y falsedad en documento privado.
En los despachos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia aparece nuevamente el nombre del senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, quien ahora es investigado por su presunta participación en los delitos de lavado de activos, concusión y falsedad en documento privado.
La decisión del alto tribunal se dio por hechos que habría tenido lugar en 2021 cuando, presuntamente, el entonces candidato al Senado por el Pacto Histórico habría pedido dinero a un contratista de Medellín para financiar su contienda política.
“Las presuntas solicitudes de dinero que el aforado habría realizado directa e indirectamente a algunos contratistas estatales en la ciudad de Medellín para financiar su campaña política (2021), cuando se desempeñaba como concejal de la capital antioqueña; además, por supuestas irregularidades en aportes económicos y algunos reportes de su campaña para el Senado de la República”, dice el documento de la Corte Suprema de Justicia.
El proceso judicial en contra de Álex Flórez, quien llegó al Senado luego de ser concejal de Medellín y muy cercano al exalcalde Daniel Quintero, fue asumido por la magistrada Cristina Lombana, y la togada no emitió orden de captura en contra del político.
El otro petrista investigado en la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación confirmó que abrió una indagación previa en contra del representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, por presuntamente haber pedido a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, parte de sus salarios además de exigir funciones que no estarían relacionadas con sus labores en el Congreso.
“La Procuraduría acaba de abrir indagación preliminar a efectos de verificar la certeza de los hechos denunciados. Estamos listos para verificar si eso es cierto o no”, afirmó en un video publicado la procuradora Margarita Cabello Blanco, haciendo referencia a las denuncias realizadas por Daniel Coronell en su columna dominical.
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Mientras eso ocurre en el Ministerio Público, fuentes de la Corte Suprema de Justicia le confirmaron a Vanguardia que en la Sala de Instrucción del alto tribunal también se abrió una indagación previa de oficio, para determinar si el congresista que fue presidente de la Cámara de Representantes incurrió en los hechos señalados.
Hace algunas semanas, el periodista Daniel Coronell denunció en su columna de opinión que el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, habría exigido a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, parte de sus salarios. La columna, titulada Doble Racero, reveló un par de conversaciones de WhatsApp del representante con algunos miembros de su equipo. En una de ellas, al parecer, estaría pidiéndole parte de su salario y a otro lo habría puesto a realizar tareas ajenas a sus funciones.
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En los mensajes publicados por Coronell, Racero le habría pedido a su asesora Estefanía Montoya pagar a otro asesor, Yidis Gahona, la suma de $3.500.000 de un total de $8.158.000, además de cubrir una deuda de $2.375.000 de una tarjeta de crédito del congresista.
Tras las denuncias, el representante David Racero informó que pidió tanto a la Procuraduría General de la Nación como a la Corte Suprema de Justicia abrir las indagaciones pertinentes. “Tal como lo mencioné ayer. Durante el día de hoy radiqué yo mismo las solicitudes antes Procuraduría y Corte Suprema para que se investigue los hechos narrados en la columna de Daniel Coronel”.
