Nuevas acciones para enfrentar fallas en el sistema de salud. ¿Qué medidas tomó la Procuraduría y cómo impactarán a los ciudadanos?
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, ordenó este viernes a los procuradores regionales, provinciales y distritales desplegar medidas para proteger el derecho fundamental a la salud.
La directiva les faculta para solicitar información a entidades de salud, realizar inspecciones, presentar acciones judiciales y vigilar el manejo de los recursos destinados al sistema de seguridad social en salud.
La directiva, identificada como la No. 003 de 2025, establece que los procuradores podrán requerir a las EPS y demás actores del sistema información sobre la prestación de los servicios, calidad de atención y gestión de recursos.
También podrán realizar inspecciones a instalaciones y equipos médicos para verificar su adecuado funcionamiento.
Además, los funcionarios del Ministerio Público están autorizados para interponer acciones judiciales con el fin de garantizar la atención en salud de los usuarios y exigir el cumplimiento de las normas vigentes. Lea: En video: Colombianos se viralizan tras llevar ‘coca’ con sudado de pollo a Disney
La Procuraduría también ordenó una vigilancia estricta sobre los operadores logísticos encargados del suministro de medicamentos e insumos médicos.
Esto busca asegurar que los pacientes reciban oportunamente los tratamientos necesarios y en condiciones de calidad.
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Los procuradores deberán emitir informes sobre las actuaciones adelantadas, con el fin de evaluar posibles responsabilidades disciplinarias de los actores del sistema de salud.
Eljach justificó la directiva en el incremento de quejas y denuncias sobre fallas en la prestación de los servicios de salud, incluyendo demoras en la asignación de citas, dificultades en el acceso a medicamentos y presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Con base en la Constitución y normas vigentes, la Procuraduría recordó que su labor es vigilar el cumplimiento de los derechos fundamentales y garantizar que las entidades estatales cumplan con sus funciones en materia de salud.
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