Estuvo a su lado, armado y en uniforme, mientras traficaba con las mismas armas que debía custodiar: el escándalo que hoy sacude a Marta Lucía Ramírez y deja en evidencia una peligrosa infiltración en la Policía.
Publicado por: Redacción Tendencias
La exvicepresidenta de Colombia y excanciller, Marta Lucía Ramírez, rompió el silencio este lunes tras conocerse que uno de los hombres encargados de proteger su vida durante meses está vinculado a una red de tráfico ilegal de armas dentro de la Policía Nacional. Su declaración no solo reveló su consternación personal, sino que encendió las alarmas sobre los vacíos en los protocolos de contrainteligencia y control interno de las instituciones encargadas de la seguridad del Estado.
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El subintendente Fabián Andrés Cuestas, capturado recientemente por la Fiscalía en el marco de la “Operación Ares”, hacía parte hasta hace tres meses del esquema de seguridad de la exfuncionaria. Según los hallazgos de la investigación, Cuestas sería una de las piezas clave de una red criminal que sustraía armas, municiones y otros elementos bélicos desde la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro), para ser desviados hacia organizaciones delictivas en Bogotá y otras ciudades del país.
Un esquema infiltrado
La situación se agrava por un hecho que Ramírez calificó de “inaceptable”: Cuestas estaba bajo investigación desde hace dos años y, sin embargo, seguía operando en un cargo altamente sensible dentro de la unidad de protección de una de las figuras políticas más reconocidas del país.
“La información que recibí me sorprendió profundamente y me parece de la mayor gravedad. Que un miembro de la Policía, vinculado a una red de tráfico ilegal de armas, haya estado encargado de proteger mi vida es inaceptable”, escribió Ramírez en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter).
Pero su mensaje no fue solo de indignación. También denunció que su vida y la de su círculo cercano estuvieron en peligro. “Este caso debe investigarse con todo el rigor. Mi seguridad estuvo expuesta, y esta situación no se puede minimizar en titulares amarillistas”.
La caída de Cuestas y la investigación judicial
De acuerdo con la Fiscalía, Cuestas fue detenido junto a otros cuatro implicados. La red a la que pertenecía utilizaba vehículos oficiales asignados a la protección de altos funcionarios para transportar armas y municiones que luego eran comercializadas en el mercado negro. En enero de 2025, el subintendente ya había sido sorprendido en un retén policial en Guasca (Cundinamarca) con munición sin justificar, lo que originó una serie de interceptaciones telefónicas que, con el tiempo, revelaron el modus operandi de toda la estructura.
Lo más inquietante del caso es que, incluso después de este incidente, Cuestas continuó en funciones dentro del esquema de protección de Ramírez. Las interceptaciones revelaron también intentos de frenar el procedimiento judicial y de proteger a los implicados desde dentro de la institución.
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Llamado a una revisión estructural
La exvicepresidenta aprovechó su declaración para exigir al Gobierno Nacional una revisión urgente de los protocolos de seguridad y de los mecanismos de control en la Policía Nacional.
“Es indispensable reforzar la contrainteligencia dentro de los cuerpos de seguridad. No es concebible que personas con investigaciones abiertas puedan seguir custodiando a quienes ocupan o han ocupado cargos sensibles en el Estado”, aseguró Ramírez, quien además alertó sobre la posibilidad de que haya más casos similares encubiertos bajo la burocracia institucional.
La denuncia generó reacciones inmediatas en el Congreso. Varios senadores y representantes, incluidos miembros de la oposición y del oficialismo, coincidieron en que el caso es un llamado urgente a revisar los criterios con los que se asigna el personal de seguridad a altos funcionarios del Estado.
“La seguridad de los líderes políticos no puede estar en manos de criminales infiltrados. El caso de la doctora Marta Lucía es solo una muestra de una crisis institucional que debe abordarse con toda la seriedad del caso”, afirmó el senador Alejandro Vega, del Partido Liberal.
Una crisis que golpea la imagen institucional
Este escándalo no solo pone en entredicho los controles internos de la Policía Nacional, sino que toca fibras sensibles sobre la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad. Si un miembro de una red de tráfico de armas logra mantenerse durante años en el corazón de los esquemas de protección de altos funcionarios, ¿qué garantías hay para el resto de ciudadanos?
Mientras avanza la investigación, Marta Lucía Ramírez insiste en que se conozca toda la verdad y que se tomen correctivos inmediatos. “La seguridad no puede tomarse a la ligera. No se trata de un asunto individual, sino de una falla estructural que pone en riesgo la vida de quienes servimos al país y, sobre todo, la credibilidad de nuestras instituciones”.
La pregunta que flota ahora en el ambiente político y judicial es inevitable: ¿cuántos Cuestas más siguen activos sin que nadie los detecte?
