Gobierno de Guatemala aseguró que órdenes de captura tienen un “objetivo político”.
Gustavo Petro lanzó duras críticas contra la Fiscalía de Guatemala tras conocerse la solicitud de orden de captura internacional contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el embajador Iván Velásquez, en el marco del escándalo Odebrecht. Según el mandatario, esta acción judicial no obedece a la legalidad sino a intereses criminales. Además: César Restrepo desmiente intento de atentado contra Petro tras hallazgo de artefacto en Bogotá
Luchas de poderes en Guatemala
La acusación fue promovida por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala y respaldada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones. Sin embargo, el Gobierno de Guatemala desautorizó la medida, calificándola como un acto político sin fundamento legal.
“Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos”, afirmó Petro a través de su cuenta en X (antes Twitter).
La fiscalía de Guatemala cono la fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2025
Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos… https://t.co/rl9lGlaQBJ
En su mensaje, también recordó que durante el mandato del exfiscal colombiano Francisco Barbosa ocurrieron situaciones similares, comparando esa gestión con la actual actuación del Ministerio Público guatemalteco y con el encarcelamiento del expresidente peruano Pedro Castillo. Lea también: Guatemala solicita la extradición del exministro Iván Velásquez y la fiscal Luz Adriana Camargo
Petro cuestionó a Fiscalía de Guatemala
El Jefe de Estado colombiano advirtió que las acciones judiciales impulsadas por redes mafiosas y fiscales comprometidos con intereses oscuros representan una amenaza directa a los pueblos latinoamericanos.
“Los crímenes cometidos por las mafias, contra el pueblo latinoamericano son crímenes de lesa humanidad, crímenes internacionales y deben ser juzgados por la justicia penal internacional”, sentenció.
En esa línea, Petro hizo un llamado a juristas independientes para comenzar la estructuración de una causa penal internacional contra las “multinacionales de la mafia”, una iniciativa que, según él, busca fortalecer la justicia internacional como herramienta contra el crimen organizado transnacional.
Lo que dijo el Gobierno de Guatemala sobre órdenes de captura
El comunicado oficial del Gobierno guatemalteco se sumó a las críticas, rechazando de forma categórica las órdenes de captura y señalando que estas “carecen de sustento legal” y vulneran tratados internacionales, como el acuerdo que dio vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de la cual Iván Velásquez fue comisionado.
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“El Gobierno de Guatemala lamenta profundamente esta acción del Ministerio Público y considera que forma parte de un patrón de criminalización del trabajo judicial que ha sido ampliamente señalado por organismos internacionales”, indicó el comunicado.
Petro respondió a Vicky Dávila
Por su parte, el presidente Petro también respondió a los señalamientos de la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, quien pidió explicaciones por las acciones del actual embajador colombiano ante el Vaticano y de la fiscal general. “No me causa extrañeza que ahora defienda ese tipo de fiscales en Guatemala, los que agreden al pueblo colombiano”, replicó el mandatario.
El embajador Velásquez, ampliamente reconocido por su labor al frente de la CICIG, ha sido blanco de ataques desde sectores políticos en Guatemala que se han visto comprometidos por investigaciones anticorrupción. Luz Adriana Camargo, por su parte, asumió recientemente el cargo de Fiscal General en Colombia con un enfoque centrado en la lucha contra la corrupción estructural.
La controversia subraya el complejo entramado de intereses que rodea la justicia en América Latina, especialmente en casos donde confluyen actores del crimen organizado, la política y el poder judicial.
Tanto en Guatemala como en Colombia, el uso de la justicia como arma política sigue siendo objeto de debate y preocupación internacional.
