Entre las últimas decisiones del Gobierno de Gustavo Petro, MinAmbiente declaró la reserva ambiental La Baja, en California, Santander. La medida restringe nuevas autorizaciones mineras en 1.499 hectáreas, aunque permite continuar los proyectos que ya tienen títulos y permisos vigentes.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Entre las últimas decisiones que dejó firmadas el Gobierno de Gustavo Petro estuvo la creación de una reserva ambiental definitiva en el Macizo de Santurbán. El acto administrativo fue expedido el 6 de agosto de 2026, un día antes del relevo presidencial.
Mediante la Resolución 0994, el Ministerio de Ambiente delimitó y declaró la Reserva de Recursos Naturales Renovables La Baja, que comprende 1.499,28 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en jurisdicción del municipio de California, Santander.
La medida busca proteger las aguas superficiales y subterráneas de esta zona del macizo, así como los procesos de recarga, infiltración, almacenamiento, circulación y descarga del recurso hídrico. También pretende conservar la conexión entre los ecosistemas y las fuentes de agua que abastecen a poblaciones de Santander y Norte de Santander.
Dentro del área declarada como reserva no podrán otorgarse nuevas concesiones, contratos, permisos o licencias para la exploración y explotación de minerales. La restricción, sin embargo, no implica la suspensión automática de toda la actividad minera.
Los proyectos que ya cuentan con títulos e instrumentos ambientales vigentes podrán continuar bajo las condiciones previamente autorizadas. No tendrán permitido ampliar sus áreas de explotación, abrir nuevos frentes mineros ni aumentar los volúmenes de producción. Los procesos de formalización minera que ya se encontraban en curso también podrán seguir hasta que las autoridades adopten una decisión definitiva.
Una discusión que lleva más de una década
La creación de la reserva La Baja se produce en medio de una controversia ambiental, económica y jurídica que lleva más de diez años sin resolverse.
En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 2090, mediante la cual delimitó el complejo de páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín. Tres años después, la Corte Constitucional dejó sin efecto esa delimitación al concluir que durante el procedimiento no se garantizó una participación amplia, informada y deliberativa de las comunidades.
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A través de la Sentencia T-361 de 2017, la Corte ordenó elaborar una nueva delimitación con participación efectiva de los habitantes, organizaciones ambientales, sectores productivos, autoridades territoriales y demás personas afectadas por la decisión. Nueve años después, ese proceso continúa sin una solución definitiva.
En marzo de 2025, el Ministerio adoptó otra medida de protección: la Resolución 0221, que creó una reserva temporal en el costado occidental del Macizo de Santurbán. Esta zona comprende territorios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga y, durante su vigencia, restringe la entrega de nuevas autorizaciones mineras mientras se realizan estudios sobre el agua y el ordenamiento ambiental.
Días antes de terminar el Gobierno Petro, el Ministerio también expidió la Resolución 0970 de 2026, que actualizó el área geográfica, precisó la cartografía y prorrogó la vigencia de esa reserva temporal.
La reserva definitiva La Baja es una medida distinta de la delimitación general del páramo y de la reserva temporal creada en 2025. Su alcance se concentra en las 1.499 hectáreas de la microcuenca ubicada en California, por lo que su declaratoria no pone fin a la discusión sobre la delimitación integral de Santurbán.
El agua y la minería, en el centro del conflicto
Santurbán es uno de los principales sistemas de regulación hídrica del nororiente colombiano. De acuerdo con información del Ministerio de Ambiente, sus fuentes abastecen a más de dos millones de personas en Santander y Norte de Santander.
Por esa razón, organizaciones defensoras del agua recibieron la creación de La Baja como una conquista ambiental. El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán aseguró que la medida es resultado de 17 años de movilización ciudadana y de la recolección de más de 8.000 firmas para exigir la protección del ecosistema.
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Los voceros ambientalistas también anticiparon que la resolución podría ser demandada por empresas mineras y anunciaron que defenderán su vigencia en los escenarios judiciales y ciudadanos.
La decisión produjo una reacción diferente entre pequeños mineros y habitantes de los municipios del páramo. Estos sectores consideran que el acto administrativo fue expedido de manera apresurada, justo al cierre del Gobierno Petro, y aseguran que sus propuestas no fueron escuchadas suficientemente.
La tensión también rodea el procedimiento de delimitación progresiva adoptado por el Ministerio en julio de 2026. Habitantes de Vetas interpusieron una acción de tutela al considerar que esa metodología desconoce las reglas de participación establecidas por la Corte Constitucional.
La declaratoria de La Baja representa así un nuevo capítulo de una discusión todavía abierta: cómo proteger el agua y la biodiversidad de Santurbán sin desconocer los derechos, las formas de subsistencia y la participación de las comunidades que han vivido históricamente de la minería y de otras actividades productivas en el territorio.
