Las tutelas fueron admitidas en Bogotá y Barranquilla. Las solicitudes buscan conocer cuánto dinero se recaudó y cuál fue su destinación tras la emergencia.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Los procesos fueron admitidos en Bogotá y Barranquilla, en ambos casos, los juzgados establecieron un plazo de 48 horas para que la fundación y las partes vinculadas respondan sobre los hechos expuestos y presenten las pruebas correspondientes.
Uno de los procesos se tramita en el Juzgado 38 de Familia de Bogotá y fue promovido por el vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, el congresista había presentado el 24 de agosto un derecho de petición para solicitar información sobre los recursos recibidos por la organización durante la emergencia.
Entre los datos que pidió están el monto total recaudado, el destino que se les ha dado a los recursos y los mecanismos previstos para su control. La tutela fue dirigida contra el Dapre, el Ministerio de Hacienda, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas y Ana Lucía Pineda, quien figura como representante legal de la organización.
El despacho judicial admitió la acción y ordenó a los vinculados pronunciarse sobre los hechos planteados dentro del término establecido.
Solicitudes llegaron a los juzgados
En Barranquilla también avanza un proceso relacionado con los recursos de la campaña de ayudas para los damnificados. La tutela fue presentada por Steven Liévano y admitida por el Juzgado Octavo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple. Lea: Primera dama lidera oración por víctimas del terremoto en la Plaza de Bolívar: “Hoy elevamos nuestra mirada a Dios”
En este caso, la solicitud de información incluye el dinero recibido, los gastos realizados, los bienes que hayan sido adquiridos o entregados y el saldo que permanezca en las cuentas de la organización. El auto fue conocido el 23 de septiembre y también fijó un plazo de 48 horas para que la fundación entregue su respuesta y las pruebas correspondientes.
Los dos procesos parten de solicitudes de información relacionadas con las ayudas recogidas después del terremoto. Hasta ahora, lo que existe son acciones de tutela admitidas por los juzgados; los trámites deberán avanzar antes de establecer si hubo o no una vulneración de los derechos invocados por quienes acudieron a la justicia.
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En el caso de Bogotá, Ocampo cuestionó públicamente que no hubiera recibido respuesta a su solicitud y sostuvo que busca conocer cuánto dinero ingresó a la fundación, cómo se ha utilizado y qué mecanismos de control existen sobre esos recursos. Esa postura corresponde al congresista y hace parte de los argumentos expuestos en el proceso.
