La Comisión primera de la Cámara de Representantes abrió la puerta para que sea discutido el articulado de la Ley Integral Trans, con el fin de brindar garantía a los derechos fundamentales de las personas trans y no binarias.

Publicado por: Redacción Colombia
Con una votación mayoritaria en la Comisión Primera de la Cámara, el Congreso de la República dio un paso adelante en la discusión del proyecto de Ley Integral Trans Sara Millerey (Proyecto de Ley 122 de 2024). La iniciativa, que busca garantizar los derechos y la protección de las personas trans y no binarias en Colombia, ahora continúa en su trámite legislativo. Este avance representa una oportunidad histórica para que el país reconozca y legisle en favor de esta población.
“El Congreso atendió el llamado ante la urgencia de proteger la vida y la dignidad de las personas con experiencia de vida trans. Esta primera conversación deja claro que existe voluntad en la Cámara para abordar, por fin, una deuda histórica con nuestra población”, afirmó Manila Amala, vocera de la plataforma por la Ley Integral Trans.
De acuerdo con las cifras reportadas por la Defensoría del Pueblo, en lo que va del año cerca de 16 personas trans han sido asesinadas. El último transfeminicidio, ocurrido en Carmen de Bolívar contra Nawar Jiménez, una lideresa trans y defensora de derechos humanos, junto al caso de Sara Millerey, es apenas una muestra del riesgo extremo que enfrentan las personas trans en el país. Desde la Plataforma Ley Integral Trans Ya! se hace un llamado urgente al Congreso para avanzar en el debate legislativo.
“Este es un primer triunfo que recoge el trabajo sostenido de cientos de activistas y organizaciones en distintos territorios. El Congreso tiene en sus manos una oportunidad histórica para honrar la memoria de quienes hemos perdido, proteger a quienes hoy están amenazades y traducir esa deuda en derechos fundamentales para que las personas trans podamos tener una vida digna,” afirmó Illok Inti Trujillo, activista y perteneciente a la Plataforma Ley Integral Trans.
Más de 17 mil firmas en todo el mundo en respaldo al proyecto de Ley
Más de 17 mil firmas en apoyo al Proyecto de Ley Integral Trans Sara Millerey, recolectadas a través de la plataforma de All Out, fueron entregadas en el Congreso de la República, junto con el despliegue de una bandera trans de 15 metros que recorrió el recinto con los nombres de quienes respaldan la iniciativa. Este acto simbólico fue un clamor visible para exigir que el proyecto sea debatido de inmediato. Horas más tarde, la Comisión Primera de la Cámara abrió por primera vez la discusión de esta propuesta legislativa, construida durante más de un año por organizaciones de base, personas expertas y activistas.
Desde la plataforma que impulsa el proyecto de ley señalaron: “Lo que está en juego no es solo un proyecto de ley, sino el reconocimiento del trabajo colectivo de cientos de personas que han construido esta propuesta con rigor, evidencia y desde las experiencias vividas. El Congreso tiene ahora la responsabilidad de no desoír esa voz plural que reclama dignidad y garantías reales.” El mensaje fue contundente: garantizar los derechos de las personas trans no puede seguir siendo una deuda aplazada. El Congreso tiene en sus manos la posibilidad de avanzar hacia una legislación que reconozca y proteja la diversidad de identidades de género en el país.
Sobre la Ley Integral Trans
En 2023, más de 100 organizaciones se unieron para proponer una Ley Integral de Identidad de Género en Colombia. Esta iniciativa busca garantizar el derecho a la identidad de género y el acceso pleno a derechos históricamente vulnerados por prejuicios y discriminación, reconociendo la violencia estructural que enfrentan personas trans, travestis, no binarias y otras identidades sexogenéricas no hegemónicas.
El proyecto de ley propone una transformación en cinco áreas: establece principios y enfoques antidiscriminatorios; obliga a las entidades públicas a actuar sin prejuicios y con medidas afirmativas; garantiza el acceso igualitario a derechos como salud, educación, trabajo, vivienda y reconocimiento legal de la identidad autopercibida; ofrece protecciones específicas para personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, como quienes tienen discapacidad, pertenecen a pueblos étnicos o están en movilidad humana; y define cómo se implementará, supervisará y sancionará su cumplimiento para asegurar su aplicación efectiva.
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