Un equipo periodístico de Vanguardia está en la Fundación Santa Fe donde Miguel Uribe, precandidato presidencial, se sigue debatiendo entre la vida y la muerte.
La incertidumbre se mantiene en torno al estado de salud del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permanece internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras haber sido víctima de un atentado el pasado sábado 7 de junio. Aunque su equipo médico ha desplegado todos los esfuerzos disponibles, las señales de recuperación han sido mínimas.
En la mañana de este lunes, la Fundación emitió el tercer parte médico oficial, en el que se confirmó que el dirigente continúa en estado crítico. “Ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados”, señala el informe divulgado con autorización de la familia. El pronóstico se mantiene reservado, mientras la institución asegura que seguirá ejecutando “todos los esfuerzos necesarios” para lograr una evolución en su estado de salud.
— Fundación Santa Fe de Bogotá (@FSFB_Salud) June 9, 2025
Sin avances significativos
Uribe Turbay, quien recibió un impacto de bala en la cabeza, fue intervenido quirúrgicamente en la madrugada del domingo. Sin embargo, desde entonces no ha mostrado una mejoría sustancial, según explicó el personal médico. La familia del político, entre ellos su esposa Claudia Tarazona, continúa acompañándolo minuto a minuto desde las instalaciones del centro médico.
En redes sociales, Tarazona publicó un mensaje pidiendo oraciones y manifestando que su esposo “necesita un milagro”. La situación ha generado una ola de solidaridad nacional, con concentraciones espontáneas frente a la clínica en defensa de la democracia y el respeto por la vida.
El caso ha encendido las alarmas en el país. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que se manejan tres hipótesis sobre las motivaciones del atentado: un ataque directo contra el precandidato, una acción en contra de su labor política, o una posible estrategia para desestabilizar el actual Gobierno.
Para dar con el paradero de los responsables, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos, subrayando la gravedad del hecho y la necesidad de esclarecerlo con celeridad.
