La Fiscalía afirmó que el atentado sicarial contra el senador Miguel Uribe Turbay tuvo motivaciones políticas, pero el presidente Gustavo Petro rechazó esa versión y pidió cautela. El caso, que mantiene al país en alerta, ha profundizado la tensión institucional entre el Gobierno y el ente acusador.
Publicado por: Redacción Colombia
A trece días del atentado sicarial que sacudió el escenario político colombiano, el país sigue sin respuestas definitivas sobre quién quiso silenciar al senador Miguel Uribe Turbay ni por qué. La hipótesis más fuerte, al menos desde la Fiscalía General de la Nación, es que el crimen tuvo motivaciones políticas. Pero esa afirmación no cayó bien en la Casa de Nariño.
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“Eso no se puede decir”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en respuesta a los señalamientos del ente acusador, que ya presentó ante jueces su tesis sobre la intencionalidad del ataque. Según la Fiscalía, el intento de homicidio fue ejecutado mientras Uribe realizaba un acto proselitista, y su calidad de senador de oposición sería el detonante. Para el fiscal del caso, “la tentativa de homicidio se produce por el hecho de ser senador y estar desarrollando campaña política”.
La contundencia del señalamiento revivió un viejo debate entre las instituciones del Estado: ¿puede la Fiscalía anticipar públicamente hipótesis sensibles sin tener aún pruebas sobre autores intelectuales? ¿O es esa precisamente su función?
El 7 de junio, un menor de edad disparó en repetidas ocasiones contra Miguel Uribe en el barrio Modelia de Bogotá. El congresista del Centro Democrático, precandidato presidencial, fue trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe, donde permanece en estado crítico. Ya ha sido sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas.
Desde el primer momento, la Fiscalía manejó dos líneas de investigación: un posible caso de sicariato común, vinculado al microtráfico, y la posibilidad de un atentado político. Sin embargo, en los últimos días se inclinó por esta última tesis, tras analizar el contexto del crimen, la planificación del ataque y los actores involucrados.
Hasta ahora hay cuatro capturados: el sicario, un joven de 14 años que habría disparado por una suma de dinero; una mujer apodada “Gabriela”, que habría entregado el arma; un conductor vinculado al traslado del atacante; y William “El Costeño” González Cruz, señalado por reuniones previas al hecho y presencia en el lugar del crimen. La pistola Glock empleada fue modificada para disparar en ráfaga y sus proyectiles, alterados con bronce y latón, apuntan a una operación de alto nivel.
El arma fue rastreada hasta Arizona, Estados Unidos, donde fue comprada en 2020. La Fiscalía aún intenta determinar cómo llegó al país y quién la suministró.
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El presidente Gustavo Petro fue enfático: aún no hay pruebas concluyentes sobre el móvil político y, por tanto, no se debería presentar como hecho. En su mensaje, no solo cuestionó a la Fiscalía, sino también a los medios de comunicación que divulgaron la versión institucional sin matices.
“El verdadero asesino no está capturado. No sabemos cuál es el interés detrás. Decir que fue por motivos políticos sin evidencias sólidas es prematuro y puede desinformar”, escribió Petro.
Incluso fue más allá y propuso la creación de una comisión independiente con apoyo internacional, eventualmente de la ONU, para esclarecer el caso. Pero su idea fue rechazada de inmediato por la Fiscalía, que defendió su autonomía y denunció intentos de interferencia en su labor investigativa.
En este momento estoy viendo la información de @NoticiasCaracol sobre el atentado al senador Miguel Uribe.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 20, 2025
Casi no veo televisión, ya no me gusta, pero si millones de colombianos.
Y entiendo, el mensaje subliminal, que enredan en información, sugieren que la fiscalía dijo que…
¿Qué hay detrás de esta tensión?
La controversia no ocurre en el vacío. El atentado contra Uribe se produce en un clima de alta polarización, marcado por el choque entre el Ejecutivo y el Legislativo, la caída de la reforma laboral en el Congreso y el impulso de Petro a una consulta popular para validar su agenda de transformaciones sociales.
Además, la Iglesia Católica tuvo que intervenir como mediadora entre el presidente y el Congreso, en un escenario de creciente tensión institucional. En ese contexto, la discusión sobre el móvil del atentado se vuelve un termómetro del estado de la democracia colombiana.
“No se trata solo de quién disparó”, afirma una fuente del Congreso. “Lo que está en juego es si podemos hacer política sin miedo a morir por nuestras ideas. Y también si las instituciones pueden trabajar sin sospechas mutuas”.
La comunidad internacional ha condenado el atentado. Presidentes como Gabriel Boric (Chile) y Daniel Noboa (Ecuador), así como líderes de oposición como María Corina Machado (Venezuela) y el senador estadounidense Marco Rubio, han calificado el hecho como un ataque a la democracia. Human Rights Watch también expresó su preocupación por el riesgo que enfrentan los líderes políticos en Colombia.
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Mientras tanto, Miguel Uribe lucha por su vida. Su familia, el Centro Democrático y sus seguidores claman por justicia, pero el proceso avanza entre versiones cruzadas, teorías sin cerrar y una ciudadanía que observa con escepticismo.
Colombia, una vez más, se encuentra en el borde de su propia fragilidad institucional, intentando responder a la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta: ¿volvimos a los tiempos en que hacer política cuesta la vida?
