Un proceso judicial histórico revive uno de los crímenes políticos más impactantes de la historia reciente de Colombia.
Publicado por: Danilo Cárdenas
Agosto es uno de los meses que está marcado en la historia política de Colombia. El lunes 11 de agosto de 2025 murió Miguel Uribe, senador y excandidato presidencial luego de estar luchando por su vida por casi dos meses en la Fundación Santa Fe en Bogotá.
También un 13 de agosto de 1999 el abogado y comediante Jaime Garzón iba a ser asesinado cuando se dirigía a su trabajo en Bogotá. Sumándose así a las cometas que emprendieron su viaje al cielo en el octavo mes del año.
Otra de las figuras políticas que sufrió un atentado fue Luis Carlos Galán Sarmiento. El político santandereano era candidato a la presidencia de Colombia en 1990. Su reemplazante César Gaviria terminaría siendo elegido como el máximo mandatario Colombiano. Le puede interesar: Galán, 35 años después de su asesinato
🇨🇴#Colombia - Luis Carlos Galán: Para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su Patria.
— DatoWorld (@DatosAme24) August 11, 2025
Galan fue asesinado en 1989 por narcotraficantes del Cartel de Medellín o Los Extraditables, liderados por Pablo Escobar.pic.twitter.com/eY7wY1MoCA
Luis Carlos Galán: el crimen que marcó la historia política de Colombia
El 18 de agosto de 1989, en la plaza principal de Soacha, fue asesinado el candidato presidencial Luis Carlos Galán junto con sus escoltas Julio César Peñalosa y Santiago Cuervo.
Otro integrante de su equipo de seguridad, Pedro Nel Angulo Bonilla, resultó gravemente herido. Las investigaciones señalaron que el atentado fue planeado por el cartel de Medellín, en alianza con agentes estatales del DAS y de la Policía Nacional.
En 2016, el Consejo de Estado declaró este magnicidio como crimen de Estado, reconociéndolo como uno de los episodios más emblemáticos y complejos de la historia judicial colombiana. Su impacto político y social persiste más de tres décadas después, no solo por la pérdida irreparable, sino también por las acusaciones que vinculan directamente a organismos de seguridad del Estado en su ejecución.
Detalles del proceso judicial y los acusados por muerte de Luis Carlos Galán
El martes 12 de agosto comenzó el juicio contra los generales retirados de la Policía Nacional Óscar Peláez Carmona, quien en 1989 dirigía la Dijín, y Argemiro Serna Arias, entonces segundo comandante de la Policía de Cundinamarca. También está acusado el exdetective del desaparecido DAS Héctor Ernesto Muñoz, alias La Bruja. Le recomendamos: La Corte Suprema de Justicia mantiene la condena contra Alberto Santofimio por el magnicidio de Luis Carlos Galán
La Fiscalía los señala como coautores del homicidio con fines terroristas, acusándolos de haber debilitado deliberadamente el esquema de seguridad de Galán para facilitar la acción de los sicarios. La resolución de acusación fue emitida el 31 de mayo de 2021 y confirmada el 10 de octubre de 2022.
Publicidad
El proceso, que se desarrolla bajo la Ley 600 de 2000, está en manos del Juzgado Segundo Especializado de Cundinamarca. En la audiencia inicial, el general (r) Peláez Carmona rindió interrogatorio, respondiendo preguntas del juez, de la Fiscalía, del Ministerio Público y de los representantes de las víctimas.
Expectativas y posibles repercusiones del juicio por crimen de Luis Carlos Galán
Durante el juicio se espera la presentación de testimonios, documentos que permitan esclarecer el nivel de responsabilidad de los procesados, reconstruir la cadena de decisiones y omisiones que hicieron posible el crimen.
Aunque las defensas han apelado la negativa del juez a admitir ciertas pruebas, la Fiscalía sostiene que cuenta con elementos suficientes para demostrar la coordinación entre el cartel de Medellín y agentes estatales. Lea: Van siete magnicidios: Miguel Uribe se suma a lista de candidatos a la Presidencia asesinados en la historia de Colombia
Para las familias de las víctimas, este juicio es una oportunidad para alcanzar una verdad completa y lograr sanciones ejemplares contra todos los responsables, enviando un mensaje firme contra la impunidad en crímenes de Estado y las alianzas entre estructuras ilegales y funcionarios del sector público.
