El exdirector del Dapre hoy permanece prófugo de la justicia colombiana, pese a ser una de las piezas claves del mayor entramado de corrupción del gobierno Petro.
Publicado por: Redacción Nacional
La controversia en torno al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) alcanzó un nuevo nivel con la instauración formal de denuncias penales contra la excanciller Laura Sarabia, la fiscal general Luz Adriana Camargo y dos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
El recurso, presentado el jueves 14 de agosto, plantea graves señalamientos sobre presuntas maniobras irregulares en el caso de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien hoy permanece prófugo de la justicia colombiana. Puede leer: Carlos Ramón González: la verdad sobre su estadía en la embajada colombiana en Nicaragua
El documento fue radicado por Pablo Bustos Sánchez, representante de la Red de Veedurías de Colombia (Red-Ver) y apoderado de comunidades afectadas en La Guajira. Según la denuncia, Sarabia, Camargo, María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval Vargas habrían incurrido en delitos como fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento.
UNGRD: DENUNCIAS POR FUGA DE CARLOS RAMÓN GONZALEZ ex director de DAPRE : habría un complot de alto nivel para silenciar a testigos clave y proteger a los implicados más altos tanto especialmente del Gobierno Nacional@redveeduriascol @pablobustossanc presentarán denuncias… pic.twitter.com/6ORThDZRdB
— RED DE VEEDURIAS DE COL-Pablo Bustos Abogados (@redveeduriascol) August 14, 2025
El escrito enfatiza que las actuaciones de los mencionados funcionarios podrían haber facilitado la salida y posterior permanencia en el extranjero de González, señalado de ser una de las piezas centrales en el entramado de corrupción de la Ungrd.
El trasfondo del caso Carlos Ramón González
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y cercano a sectores del actual gobierno, enfrenta acusaciones de haber tenido un rol clave en presuntas irregularidades dentro de la Ungrd. Sin embargo, antes de que las autoridades colombianas emitieran una orden de captura en su contra, logró salir del país y establecerse en Nicaragua. Lea también: Procuraduría investiga qué funcionarios de la Cancillería tramitaron la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua
De acuerdo con documentos divulgados por Noticias RCN, la Embajada de Colombia en Managua tramitó el 21 de mayo una solicitud para legalizar el estatus migratorio de González. Lo llamativo es que esta gestión ocurrió semanas antes de que la Fiscalía colombiana formalizara su imputación y apenas días antes de que se emitiera la orden de captura, fechada el 3 de julio.
El señalamiento es grave: el trámite habría contado con respaldo de la Cancillería colombiana, cuando Sarabia aún ocupaba el cargo de ministra de Relaciones Exteriores, lo que abre la puerta a cuestionamientos sobre un presunto favorecimiento.
El proceso judicial no se detiene ahí. El concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, anunció que también interpondrá denuncia penal contra quienes, según él, facilitaron la fuga de González. Entre los señalados se encuentran nuevamente Sarabia y funcionarios de la misión diplomática en Nicaragua. Entérese: “No protejo amigotes que se roban la plata”: Petro negó haber ayudado a Carlos Ramón González
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“Carlos Ramón González, uno de los cabecillas del escándalo de corrupción más grande del gobierno Petro, obtuvo la residencia en Nicaragua con ayuda de la Embajada y de la Cancillería”, afirmó Briceño, quien sostiene que el hecho configuraría delitos como fraude a resolución judicial y prevaricato.
Laura Sarabia se defendió
Ante las crecientes acusaciones, la defensa de Laura Sarabia salió al paso. Su abogada, Lina Sandoval Echavarría, no solo rechazó de manera categórica cualquier participación de la excanciller en la obtención de residencia para González, sino que anunció que interpondrá una acción penal contra Briceño por falsa denuncia.
Sandoval argumentó que la entonces ministra no intervino en trámites migratorios, los cuales recaen directamente en los embajadores y personal diplomático. “La excanciller no fue informada ni participó en dichas solicitudes”, puntualizó.
