El caso por los CAI de Rionegro revivió con escuchas al mandatario y a nueve personas más, generando dudas sobre la legalidad.
Publicado por: Redacción Nacional
La decisión de la Fiscalía de interceptar la línea telefónica del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no surgió de la nada. El ente investigador justificó la medida como un paso “urgente y necesario” para esclarecer un viejo expediente: la construcción de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) en el municipio de Rionegro, durante la administración municipal de Rendón (2016-2019).
Según la Fiscalía, existía la necesidad de conocer si las conversaciones privadas del mandatario y de al menos nueve personas más podrían arrojar información relevante sobre presuntas irregularidades en la contratación de esas obras. Aun cuando el caso se remonta a hechos ocurridos hace más de seis años, los fiscales argumentaron que los diálogos podrían ofrecer pistas útiles en la etapa de indagación. Puede leer: Pasaportes en Colombia: Gobierno prorroga contrato con Thomas Greg & Sons
¿Qué buscaban las interceptaciones al gobernador de Antioquia?
El objetivo de las escuchas, según documentos judiciales, era verificar si Rendón o su entorno hacían referencia a los contratos firmados por la Empresa de Desarrollo Sostenible de Rionegro (Edeso), entidad a la que se le entregó de manera directa la construcción de los CAI en los sectores de Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira.
Queridos paisanos y Colombianos: las escuchas a mi teléfono, a mis conversaciones como Gobernador de Antioquia, por orden de la Fiscal Camargo, son muy graves para la democracia.
— Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 21, 2025
Este es un caso que han construido para sacarme del camino e instrumentalizar a la justicia, a fin… pic.twitter.com/HcJKkJ9g3a
La sospecha planteada por una veeduría ciudadana, origen de la investigación, apuntaba a un posible detrimento patrimonial. No obstante, los contratos fueron ejecutados en su momento, las obras entregadas a la Policía y recibidas a satisfacción. Aun así, la Fiscalía mantuvo la tesis de que acceder a las comunicaciones podía revelar elementos de prueba que hasta ahora no habían sido detectados en el expediente.
El proceso contra Rendón no solo se mueve en el terreno judicial, sino también en el político. La denuncia inicial coincidió con la campaña electoral de 2023, en la que Rendón competía contra Luis Pérez, un rival histórico y crítico frecuente de su gestión. Diversos sectores interpretaron entonces la reapertura del caso como un movimiento con tintes políticos. Lea también: Estos son los 13 policías asesinados en ataque a helicóptero en Antioquia
El panorama se tensó aún más cuando, en junio de este año, la fiscal general Luz Adriana Camargo se refirió públicamente a Rendón como “imputado”, pese a que el proceso aún se encuentra en etapa preliminar. Sus declaraciones provocaron una recusación en su contra y levantaron cuestionamientos sobre la imparcialidad de la investigación.
Cuándo y cómo se realizaron las interceptaciones a Andrés Julián Rendón
Las interceptaciones comenzaron el 14 de mayo de 2024 y se extendieron durante al menos 71 días, de acuerdo con lo revelado en la audiencia de legalización del 23 de julio. En total, se emitieron tres órdenes judiciales, siendo la última fechada el 27 de mayo.
Además del gobernador, las líneas interceptadas incluyeron a la secretaria General de la Gobernación, Martha Patricia Correa, cinco exfuncionarios de la Alcaldía de Rionegro y tres particulares vinculados al proceso. La medida buscaba establecer conexiones entre todos los implicados y la posible comisión de irregularidades. Entérese: Explosión en Cali: Petro confirma dos capturas tras atentado que dejó 6 muertos
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La defensa del gobernador ha calificado las interceptaciones como un exceso injustificado. Argumenta que, tratándose de un caso antiguo, los diálogos actuales difícilmente aportarían información útil sobre contratos ya ejecutados y de los que la Fiscalía posee documentación completa desde hace tiempo.
La magistrada Marcela Márquez Rodríguez, del Tribunal de Bogotá, compartió inicialmente esa visión al declarar desproporcionadas las escuchas. Sin embargo, la decisión fue apelada y posteriormente revocada por dos magistradas que consideraron que la medida sí estaba justificada en aras de la investigación.
Denuncian persecución judicial contra el gobernador de Antioquia
El abogado defensor de Rendón, Luis Gabriel Chaves, sostiene que el proceso ha estado marcado por irregularidades desde sus inicios. Denunció que en plena campaña electoral de 2023 la Fiscalía citó a Rendón a una imputación por delitos que no estaban contemplados en la investigación, lo que alimenta la percepción de persecución política. Le sugerimos: Explosión en Florencia genera zozobra y alerta en pleno centro de la ciudad
A esto se suma un detalle inquietante: en uno de los autos judiciales, el gobernador fue rotulado como “condenado”, pese a no haber sido imputado formalmente de ningún delito. Para su equipo de defensa, ese error es una muestra más de la falta de garantías en el proceso.
La disputa legal por las interceptaciones aún no concluye. La Fiscalía mantiene su interés en que las conversaciones de Rendón y su círculo sean válidas dentro del expediente, mientras la defensa insiste en que se trata de una intromisión injustificada y desproporcionada.
