La Procuraduría sanciona a exdocente por usar títulos falsos para enseñar en colegios.
Publicado por: Redacción Colombia
La Procuraduría General de la Nación ha confirmado el fallo en primera instancia mediante el cual se destituyó e inhabilitó por un período de cinco años a José Luis Muñoz Castrillón, quien en su momento se desempeñó como docente provisional en el Colegio San Cristóbal Sur de Bogotá. El motivo de la sanción fue la presentación de tres diplomas falsificados con el fin de acceder a su puesto en la institución educativa. Puede leer: Joven de 17 años apuñalado a la salida del colegio: impactante video revela la agresión
El organismo de control realizó una exhaustiva investigación y logró comprobar que el entonces funcionario proporcionó datos incorrectos e información completamente contraria a la realidad para acreditar títulos académicos que nunca obtuvo. Los diplomas falsificados lo presentaban como Licenciado en Filosofía, Magíster en Gestión y Doctor en Educación. Las universidades que supuestamente habrían otorgado estos títulos confirmaron que no existían registros ni acreditaciones de Muñoz Castrillón en sus archivos.
Además, el propio implicado admitió, a través de una confesión voluntaria, que los documentos presentados eran falsos y que los utilizó para intentar legitimar su acceso al cargo.
La Procuraduría señaló que la conducta de Muñoz Castrillón no solo fue un acto de falsificación documental, sino que también constituyó una violación flagrante de los principios de moralidad, transparencia y lealtad que deben regir la función pública. Al falsificar sus credenciales académicas, el exdocente comprometió la integridad y la transparencia del proceso de selección de los docentes en la Secretaría de Educación de Bogotá, generando un grave daño en la confianza que los ciudadanos deben depositar en las instituciones públicas.
Ante estos hechos, la Procuraduría no solo ha decidido sancionar al exfuncionario, sino que también ha tomado la medida adicional de remitir una copia del expediente a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de garantizar que se tomen las acciones pertinentes por parte de las autoridades competentes en relación con el caso.
De este modo, la Procuraduría reitera su compromiso con la lucha contra la corrupción y el fraude en el sector público, dejando claro que la falsificación de documentos y el uso indebido de información falsa no serán tolerados bajo ninguna circunstancia.
