Las víctimas tendrán que ver como los exFarc recibirán múltiples beneficios sin que hayan hecho reparación económica y emocional.
Publicado por: Redacción Nacional
Más que un castigo, la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los exintegrantes del secretariado de las Farc se ha convertido en una garantía de bienestar financiada por el Estado. Durante los próximos ocho años, quienes fueron hallados responsables del delito de secuestro contarán con un paquete de beneficios que incluye alimentación, vestuario, seguridad y programas de capacitación. Todo ello sufragado con presupuesto público.
La decisión, contenida en un fallo de más de 600 páginas, establece que los sancionados deben recibir condiciones “dignas y adecuadas” para cumplir con sus labores restaurativas, lo que implica una red de asistencia institucional inédita en el marco de la justicia transicional. Puede leer: ¿Van a la cárcel? JEP condena a Timochenko y exjefes de las Farc
Alimentación, aseo y vestuario garantizados
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) tendrá la tarea de suministrar los recursos básicos que aseguren la calidad de vida de los comparecientes. Según el documento, el Estado debe cubrir alimentación balanceada, kits de aseo personal y vestuario apropiado para el clima de las regiones donde residan.
Tras la imposición de la primera sentencia del Tribunal para la Paz de la JEP al último Secretariado de las Farc-EP por los secuestros, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las #SancionesPropias (MMVSP) confirma que está listo para iniciar su labor. pic.twitter.com/NZZswmk2l9
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 17, 2025
En la práctica, esto significa que el erario se hará cargo de aspectos cotidianos como la ropa, los alimentos y la higiene de los excomandantes guerrilleros. El contraste con el sufrimiento de sus víctimas resulta inevitable: quienes fueron sometidos a cadenas, hambre y abandono, ahora verán a sus victimarios recibir asistencia integral del Estado.
Seguridad reforzada con escoltas y vehículos blindados
La Unidad Nacional de Protección (UNP) también juega un rol central. Cada sancionado tendrá evaluaciones personalizadas de riesgo y, en caso de ser necesario, se reforzarán sus esquemas de seguridad. La lista incluye escoltas armados, vehículos blindados, sistemas de comunicación satelital y botones de pánico. Lea también: Primer fallo de la JEP contra las Farc: secuestros que marcaron a Santander
El argumento es que, al estar en zonas apartadas cumpliendo sanciones restaurativas, los exjefes guerrilleros enfrentan riesgos de seguridad. Paradójicamente, quienes durante décadas sembraron miedo en vastos territorios ahora contarán con la protección oficial para garantizar que nada les ocurra mientras cumplen sus condenas.
Programas de capacitación y apoyo educativo
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) deberá habilitar programas de formación técnica dirigidos no solo a los sancionados, sino también a las víctimas y a las comunidades. Estos cursos estarán orientados a proyectos ambientales, negocios verdes y emprendimientos sostenibles, con el objetivo de aportar a la reparación colectiva.
Sin embargo, la obligación de capacitar a los responsables en oficios productivos contrasta con la ausencia de un componente económico directo hacia las víctimas, quienes siguen reclamando indemnizaciones que, hasta ahora, no han sido garantizadas por el fallo. Le sugerimos: JEP condena a 12 militares por falsos positivos: responsables de 135 crímenes
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Un despliegue institucional sin precedentes
El Ministerio de Defensa también fue involucrado. Tendrá que diseñar un protocolo de seguridad integral con siete fases, que van desde el diagnóstico de riesgos hasta la protección armada de los lugares donde se ejecuten las sanciones. Esto incluye patrullajes, rutas de ingreso y salida seguras, y monitoreo constante.
En la práctica, se movilizará buena parte de la capacidad del Estado para blindar a los sancionados, asegurando que su labor restaurativa se cumpla sin contratiempos.
¿Justicia o privilegios?
Aunque la JEP argumenta que estas medidas no constituyen privilegios, sino herramientas de justicia transicional necesarias para garantizar verdad, reparación y no repetición, la percepción entre las víctimas es otra. Para muchos, el fallo parece más un contrato de asistencia integral que una sanción real. Lea además: Santos sobre sentencia de la JEP contra Farc: “un hito histórico”
El fallo histórico, en teoría diseñado para cerrar heridas y abrir camino a la reconciliación, deja sobre la mesa un dilema complejo: la construcción de paz en Colombia parece exigir que el Estado destine recursos considerables para proteger y sostener a quienes fueron victimarios.
Mientras tanto, las víctimas enfrentan la paradoja de ver a sus antiguos captores recibir seguridad, comida, ropa y programas educativos con fondos públicos, sin que su propio derecho a la reparación económica y emocional haya sido plenamente garantizado.
En últimas, lo que se presenta como un avance en justicia transicional revela también los sacrificios que el país debe asumir en nombre de la paz.
