El ente de control analiza convenios de 2021 para establecer si hubo irregularidades en el uso de recursos destinados a bienestar.
Publicado por: M.P.
La Procuraduría General de la Nación decidió avanzar en una indagación previa sobre el manejo de recursos en la Policía Nacional, luego de que surgieran alertas relacionadas con la ejecución de convenios destinados a actividades de bienestar. El caso, que se centra en contratos firmados en 2021, ha generado inquietud por la destinación de más de $850 millones.
Actividades sociales en la mira de los entes de control
De acuerdo con la información recopilada por el Ministerio Público, los convenios objeto de análisis tenían como propósito fortalecer los programas de bienestar para los funcionarios de la institución. No obstante, varios de los gastos detectados estarían asociados a celebraciones de cumpleaños, despedidas laborales y fiestas de amor y amistad, prácticas que, según la normatividad vigente, no hacen parte de las obligaciones oficiales ni responden a los parámetros establecidos en la Guía de Atención de la Familia Policial ni en el Manual de Bienestar y Calidad de Vida.
El ente de control señaló que estas inconsistencias abren la posibilidad de que se haya incurrido en faltas disciplinarias. Por esa razón, la investigación busca identificar con precisión a los responsables, así como establecer si hubo un uso inadecuado de los fondos destinados al bienestar institucional.
Avance de la investigación disciplinaria
El caso está siendo adelantado por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal. Su labor se centra en verificar la ocurrencia de las conductas señaladas, individualizar plenamente a los funcionarios involucrados y determinar si las decisiones tomadas en la contratación vulneraron los lineamientos internos de la Policía Nacional.
Aunque la investigación apenas inicia, la revisión de estos contratos plantea interrogantes sobre el manejo de recursos públicos asignados a programas sociales dentro de la institución. La Procuraduría insistió en que el proceso será riguroso y que cualquier hallazgo será sancionado de acuerdo con lo estipulado por la ley disciplinaria en Colombia.
