El Ministerio Público solicitó al Consejo de Estado no decretar la “muerte política” del congresista.
Publicado por: Laura Juliana Flórez
La Procuraduría General de la Nación, a través de su delegada ante el Consejo de Estado, Idayris Yolima Carrillo, solicitó al alto tribunal mantener la investidura del representante a la Cámara David Racero, en medio del proceso que busca definir si el congresista incurrió o no en en tráfico de influencias dentro del escándalo de presuntos nombramientos irregulares en el SENA del Cesar.
Durante la audiencia ante el Consejo de Estado, la procuradora Carrillo argumentó que no existen elementos suficientes para determinar que Racero haya usado su cargo para beneficiar a allegados con puestos públicos, como se ha señalado en la demanda en su contra.
“No hay evidencia de tráfico de influencias”, dice la Procuraduría
#Atención | La Procuraduría (@PGN_COL) pide no decretar la “muerte política” del representante David Racero (@DavidRacero) al señalar que las pruebas conocidas no permiten concluir que hubiese incurrido en presiones o uso de su cargo para lograr puestos en el SENA regional Cesar. pic.twitter.com/JpjohFVID6
— W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 8, 2025
Según la delegada del Ministerio Público, los chats y audios aportados como pruebas en el proceso no demuestran con certeza que el congresista hubiera gestionando o influido directamente en decisiones de contratación.
“No están dados los presupuestos que permitan concluir, más allá de toda duda, que el representante Racero incurrió en tráfico de influencias”, explicó Carrillo durante su intervención.
La funcionaria enfatizó que, aunque personas cercanas al congresista, como su tío, hubiesen sido contratadas en la entidad, eso no implica necesariamente la existencia de una conducta sancionable. Lea también: Corte Suprema abre proceso contra David Racero por presuntas irregularidades en su equipo legislativo
Carrillo también recordó la importancia de distinguir entre una recomendación y un acto de tráfico de influencias, como lo ha establecido la jurisprudencia del propio Consejo de Estado.
“Resulta pertinente hacer referencia a la distinción conceptual entre una recomendación y la causal que da lugar a la pérdida de investidura conforme a la jurisprudencia”, señaló.
De acuerdo con la Procuraduría, una simple recomendación no constituye delito ni causal de pérdida de investidura, a menos que se pruebe que hubo una negociación o un beneficio personal derivado del uso del poder político.
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Sin pruebas de presión o uso indebido del cargo de David Racero
Levanten la mano a quienes han atacado por defender a @petrogustavo y el gobierno del cambio!!
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Decía Pepe Mujica: “cosas de rutina de quienes se atreven a cambiar el mundo”
Entre más nos ataquen, con más fuerza defenderemos este proyecto del pueblo! #DeFrenteConPetro… pic.twitter.com/zvQJbpGbZw
La procuradora Carrillo sostuvo además que no se ha probado que Racero haya presionado o constreñido al director del SENA para realizar los nombramientos en cuestión, ni que haya mantenido conversaciones con los funcionarios responsables de aprobar esas contrataciones.
“Tampoco puede evidenciarse que los diálogos sostenidos por el demandado para obtener el beneficio se hubiesen adelantado con el servidor público que tenía a cargo la contratación o aprobación de ese negocio jurídico”, precisó.
Por tanto, según la posición del Ministerio Público, no se cumplen los requisitos legales ni probatorios que justificarían una sanción tan grave como la pérdida de investidura, conocida también como “muerte política”.
