La medida busca garantizar el bienestar y descanso de los animales usados en vigilancia privada.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció una nueva regulación que transformará la forma en que operan los perros que prestan servicios de seguridad privada en Colombia. Esta decisión, respaldada por la Ley 2454 de 2025, conocida como la Ley Lorenzo, establece límites en las jornadas de trabajo, controles veterinarios obligatorios y protocolos de bienestar animal para evitar el maltrato y la sobreexplotación.
De acuerdo con la resolución expedida, los caninos dedicados a la detección de narcóticos o explosivos solo podrán cumplir turnos de hasta seis horas diarias, mientras que aquellos empleados en labores de defensa o acompañamiento podrán hacerlo por un máximo de ocho horas. Esta medida busca garantizar que los animales cuenten con descansos adecuados y reciban atención médica constante.
“Son animales sintientes, y en el ejercicio de las actividades de vigilancia y seguridad privada es necesario garantizar el bienestar y las condiciones en las que estos animalitos nos ayudan a prestar el servicio”, afirmó Larry Álvarez, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.
¡Es oficial!
— Supervigilancia (@SuperVigilancia) October 30, 2025
Entró en vigor la resolución que reglamenta la Ley Lorenzo, marcando un antes y un después en la protección de los perros de vigilancia.
Un avance histórico por el bienestar animal y la transparencia en el sector. pic.twitter.com/89XnuT2Ntw
Empresas deberán cumplir estrictos controles sanitarios
La resolución impone nuevas exigencias a las compañías del sector, que deberán renovar cada año la autorización para operar con perros de seguridad. Entre los requisitos figuran la presentación de certificados veterinarios, el entrenamiento avalado, la contratación de pólizas de responsabilidad civil y la existencia de convenios con clínicas disponibles las 24 horas del día. Además, deberán implementar protocolos de bioseguridad para controlar la alimentación, transporte y condiciones de higiene de los animales.
Esta medida surge tras los hechos ocurridos en 2023 con “Limonar”, un perro de vigilancia que murió por asfixia en un operativo de control en Bogotá. El caso, que inicialmente se presentó como un accidente, evidenció un vacío normativo y generó un debate sobre las condiciones laborales de los animales empleados en este tipo de labores.
Una transición hacia la tecnología en seguridad privada
El superintendente Álvarez señaló que esta regulación también marca el inicio de una política pública orientada hacia la sustitución progresiva de los caninos por tecnología especializada. “El fin último es que, en algún momento, estos animales sean reemplazados por herramientas tecnológicas. Mientras eso sucede, debemos garantizarles condiciones dignas y seguras de trabajo”, puntualizó.
Cabe resaltar que la medida no afecta a los perros de la Policía o el Ejército, cuyos programas de entrenamiento y bienestar se rigen por reglamentos diferentes.
