El control territorial de grupos armados ilegales ha crecido de forma acelerada en los últimos cuatro años y hoy amenaza la seguridad de candidatos, votantes y el desarrollo de las próximas elecciones en Colombia.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La cartografía del riesgo electoral en Colombia ha cambiado de forma significativa en los últimos cuatro años, en medio de un escenario que amenaza con afectar el desarrollo de las próximas elecciones y pone en riesgo tanto a candidatos como a votantes.
De acuerdo con información divulgada recientemente por Semana, el dominio territorial de estructuras armadas ilegales habría pasado de 150 municipios a más de 600 localidades, como parte de una estrategia que hoy genera alarma entre comunidades y autoridades.
Esta expansión ha dejado a cerca de nueve millones de personas sometidas a mecanismos de presión directa que condicionan el ejercicio del voto y la permanencia misma de los aspirantes a cargos de elección popular, a pocos meses de los comicios legislativos y presidenciales.
Gobernanza armada en los territorios
En departamentos como Caquetá, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Meta, disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra Nevada han establecido esquemas de control ilegal del territorio. Lea también: Petro denuncia crimen de lesa humanidad por asesinatos de campesinos en el Catatumbo a manos del Eln
Estas organizaciones fijan normas de comportamiento, limitan la movilidad de la población y deciden quién puede o no participar en la contienda electoral. Quienes incumplen estas disposiciones se enfrentan a amenazas que van desde el desplazamiento forzado hasta la muerte. El control se refuerza mediante prácticas como la carnetización obligatoria y la imposición de horarios vigilados.
Según reportes documentados por Semana, en varias comunidades los habitantes han sido forzados a votar bajo la supervisión de hombres armados, mientras que las juntas de acción comunal, bajo intimidación, deben entregar listados de pobladores y presuntas preferencias electorales.
Testimonios sobre presión y vigilancia
La situación en regiones como el Catatumbo ha sido descrita por líderes sociales con crudeza: “Acá solo pueden hacer campaña los políticos que ellos digan”. A esto se suman grabaciones en poder de las autoridades en las que se observa a cabecillas armados ordenando respaldos masivos a candidatas específicas, bajo amenaza de represalias.
En zonas como Jamundí, Cauca y Nariño, la libertad del voto ha sido anulada mediante la imposición de sufragios en bloque. Lina Tabares, defensora de derechos humanos de Fundterpaz, relató a Semana este panorama: “El miedo ya no es solo miedo, es terror... La posibilidad de denunciar es prácticamente inexistente”. En ese contexto, señaló, resulta inviable hablar de un voto realmente libre en áreas rurales.
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Expansión hacia zonas urbanas
Las prácticas criminales también incluyen el perfilamiento de candidatos y el bloqueo sistemático de la oposición. En el Cesar, grupos asociados al Clan del Golfo han cercado áreas rurales para impedir la competencia política.
En Barranquilla, testimonios recogidos por el medio indican que el acceso a ciertos barrios está controlado: “Solo algunos candidatos logran entrar, mientras otros son expulsados con violencia. La gente tiene miedo y miedo de participar en política”, relató un líder social desplazado.
Este fenómeno ha alcanzado ciudades como Medellín, Barranquilla y Soledad, donde se reportan actos de proselitismo vigilado y financiación ilegal ligada al narcotráfico. Frente a este panorama, el exministro de Defensa Diego Molano advirtió: “Lo más factible es que tengamos elecciones bajo la sombra del fusil”.
Alertas institucionales y retroceso democrático
La Federación Nacional de Departamentos ha pedido al Gobierno acciones urgentes dentro del Plan Democracia para garantizar el derecho al voto. A su vez, la Registraduría Nacional, aunque proyecta instalar 7.450 puestos rurales, reconoce que 104 municipios presentan alertas graves por presencia armada.
Iris Marín, de la Defensoría del Pueblo, señaló a Semana la necesidad de respuestas diferenciadas ante la fragmentación de los grupos ilegales. La MOE, por su parte, instó a reforzar la protección a funcionarios y asegurar el despliegue efectivo de la fuerza pública.
Leonardo González, de Indepaz, advirtió que esta forma de gobernanza armada incide directamente en la vida política regional mediante ataques a puestos de votación y el control de las estructuras comunitarias. Datos oficiales de la MOE evidencian un aumento del 179 % en los hechos de violencia política entre 2022 y 2025.
En departamentos como Cauca, Valle, Nariño, Putumayo y Antioquia, la combinación entre control criminal y debilidad institucional configura un escenario de participación inducida, en el que la voluntad ciudadana queda subordinada a la presión de las armas.
Con información de El Colombiano.
