La Rama Legislativa pide participar en la investigación, mientras la Fiscalía redefine audiencias y crecen señalamientos por fallas en protección.
Publicado por: Danilo Cárdenas
El Congreso de la República decidió intervenir de manera directa en la investigación penal que se adelanta tras el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en medio de cuestionamientos al esquema de seguridad asignado por el Estado.
El presidente del Senado, Lidio García, elevó una solicitud formal ante la Fiscalía Seccional 295 de la Unidad de Administración Pública para que la corporación legislativa sea reconocida como víctima dentro del proceso penal, argumentando que el crimen tuvo un impacto institucional que trascendió la esfera personal del dirigente político.
Según el documento remitido al ente investigador, el atentado afectó la conformación, el normal funcionamiento y la agenda legislativa del Congreso, por lo que se designó al abogado Juan Carlos Novoa Buendía como apoderado judicial para representar a la Rama Legislativa en las actuaciones judiciales relacionadas con el caso.
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Defensa de Miguel Uribe señala fallas en su círculo de seguridad
La representación judicial de la familia de Miguel Uribe Turbay reiteró que existieron omisiones graves en el esquema de protección del senador, las cuales, según sostienen, fueron advertidas con antelación a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El abogado Víctor Mosquera informó que durante los primeros meses de 2025 se radicaron múltiples solicitudes para reforzar la seguridad del congresista, luego de que anunciara públicamente su intención de aspirar a la Presidencia de la República. Estas peticiones, según la defensa, no derivaron en acciones concretas por parte de la entidad.
De acuerdo con la denuncia, la UNP ya había identificado riesgos de seguridad desde 2023. No obstante, tras oficializar su precandidatura, no se realizó un nuevo estudio de riesgo ni se modificó el esquema de protección, pese a que las solicitudes se mantuvieron hasta días antes del atentado.
Proceso contra Augusto Rodríguez y estado de la audiencia
En paralelo, avanza el proceso judicial contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, luego de que fracasara una imputación inicial debido a que la fiscal que lideró la actuación no tenía competencia para investigarlo por su fuero.
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Fuentes cercanas al caso indicaron que la Fiscalía General de la Nación prepara una nueva solicitud de audiencia, una vez se subsanaron los aspectos procedimentales que obligaron a retirar la imputación anterior.
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Rodríguez deberá responder por el delito de prevaricato por omisión, relacionado con la presunta falta de atención a las solicitudes de fortalecimiento del esquema de seguridad del senador. El funcionario ha reiterado que la UNP actuó conforme a la normatividad vigente en ese momento y que los protocolos electorales aplicaban únicamente para candidatos en campaña, no para precandidatos.
