Críticos al Gobierno Nacional país lamentan el desmantelamiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres por escándalos de corrupción, restando capacidad de respuesta ante emergencias como la registrada en Córdoba por inundaciones.
Publicado por: John Arias
Desde Bucaramanga, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez lanzó duras críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro por el manejo de la crisis generada por las inundaciones en el departamento de Córdoba, particularmente en Montería y sus zonas rurales.
En diálogo con Vanguardia, Ramírez señaló la falta de preparación y la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como factores clave en el agravamiento de la situación, que ha dejado a miles de personas afectadas, con pérdidas en cosechas y viviendas destruidas.
Ramírez, quien se refirió a su experiencia en generaciones pasadas donde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitía alertas con mayor anticipación, enfatizó que, aunque los fenómenos naturales son impredecibles, el país carece de infraestructuras básicas para mitigarlos.
“Lo que es inaudito es que a estas alturas de la vida todavía no tengamos nosotros ni reservorios para recoger el agua lluvia cuando caen estos aguaceros que inundan. Por eso hay inundaciones que destruyen las cosechas, el campo está en la miseria”, declaró.
Ramírez agregó que esta “imprevisión” afecta no solo a la capital departamental, sino a toda la zona rural aledaña. Aseguró que aunque las lluvias son predecibles no se han implementado medidas preventivas.
“¿Dónde están las obras de mitigación? Es que parte del tema de cambio climático es que no todo se puede anticipar, pero una parte sí, cuando se han hecho obras de infraestructura para mitigar el riesgo de las inundaciones”, cuestionó.
La exfuncionaria apuntó directamente a la UNGRD, institución encargada de responder a emergencias, pero que, según ella, ha sido debilitada por escándalos de corrupción durante los últimos tres años. “Hoy lo que vemos nosotros con terror es una Unidad de Gestión del Riesgo a la que le ha pasado el peor vendaval de todos, el vendaval de la corrupción”, dijo Ramírez.
Ramírez criticó que la entidad ya no cuenta con la capacidad para distribuir kits de ayuda inmediata, lo que ha obligado a la ciudadanía a recolectar donaciones de alimentos, almohadas y otros insumos básicos. “La han desmantelado a punto de robársela”, afirmó, recordando que en el pasado la UNGRD realizaba censos rápidos y organizaba respuestas eficientes basadas en “un trabajo de ingeniería”.
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Lo que ocurre hoy en la Cuenca del #Sinu (Córdoba y Sucre) es muy similar a la tragedia recurrente de La Mojana. No son desastres “naturales”: son territorios históricamente inundables que han sido profundamente transformados por la ganadería, los cultivos o las ciudades. 🧵1 /7 pic.twitter.com/YokJyqkllc
— tatiana roa avendaño 🌎☘️🌿☀️ (@tatianaroaa) February 8, 2026
Petro defiende a ministros involucrados por escándalo de la UNGRD
Entre tanto, en su Consejo de Ministros el mandatario Gustavo Petro lanzó fuertes cuestionamientos contra la fiscal, Luz Adriana Camargo, a quien le criticó sus acciones judiciales de enviar a la cárcel a sus ministros involucrados en el escándalo de corrupción en la UNGRD. Otras noticias: Emergencia en Lebrija: comunidades tratan de abrirse paso en medio de los derrumbes
“Esto es de la cúpula máxima de la Fiscalía, donde la fiscal quería llevar a mi hijo preso, como se llevaron al doctor en economía Bonilla, que no tiene ninguna culpa de lo que pasó en la UNGRD. Creo que Velasco tampoco, no contrato nada”, cuestionó.
El Presidente controvirtió la labor de la Fiscalía al señalar que castigan judicialmente a los parlamentarios que llevan los proyectos que terminan siendo utilizados para hechos de corrupción y agregó que “están aquí haciendo campaña, aquí con afiches en Montería y no se los llevan presos”.
“Presentan los proyectos y después presentan al alcalde, y después presentan al contratista y entonces el proyecto no se hace, sino que se roban la plata con los cupos indicativos”, agregó el Jefe de Estado.
Al igual que en el Consejo de Ministros del pasado lunes, Petro nuevamente señaló que existe una relación entre la fiscal Camargo y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Según su denuncia, el esposo de la Fiscal estaría involucrado en lo que llama un robo en la represa de Urrá, para dejar el agua hasta el límite y cobrar altos precios de energía eléctrica junto con las hidroeléctricas.
“Hay un robo en Urrá y es la Fiscalía amiga de la Espriella la que tiene que resolverlo, y de la Espriella está metido en ese pastel entonces tienen que resolverlo”, señaló. Lea también: Ya se sabe quién decidirá el futuro de Bonilla y Velasco, exministros detenidos por caso UNGRD
La base de datos de desastres de Colombia registró decenas de inundaciones del Sinú, especialmente antes de la construcción de Urrá. Era el río que más se desbordaba en Colombia. Urrá causó un impacto brutal en la naturaleza de la zona, pero controló las inundaciones, sin duda pic.twitter.com/Wcwcno3nk3
— Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) February 6, 2026
¿Se declarará emergencia económica para atender a los damnificados por lluvias?
El Gobierno calculó en cerca de 8 billones de pesos el costo de la emergencia generada por las inundaciones en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, cifra que, según el Ministerio de Hacienda, supera la capacidad presupuestal ordinaria del Estado. Le puede interesar: Gobierno estima en $8 billones el costo de la emergencia por inundaciones en el Caribe
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El estimativo fue presentado este martes por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante la segunda jornada del Consejo de Ministros realizada en Montería, donde sostuvo que la magnitud de los daños constituye un hecho sobreviniente e impredecible que obliga al Ejecutivo a considerar una nueva declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ambiental.
Ávila señaló que el Gobierno requiere recursos adicionales para atender la recuperación de la región afectada, en un escenario de alta presión fiscal, por lo que la Emergencia permitiría adoptar medidas excepcionales para garantizar la financiación de la reconstrucción.
Ante la posibilidad de que el Gobierno de Gustavo Petro decrete una Emergencia Económica para atender la situación en Córdoba, Marta Lucía Ramírez mostró cautela.
Aunque reconoció que la Corte Constitucional podría avalar medidas excepcionales si se limitan estrictamente a conjurar la crisis en Montería, Ramírez advirtió sobre lo que considera una tendencia “autócrata”, al acusar al Ejecutivo de abusar de este mecanismo. “Este es un gobierno que nos ha tratado de meter una emergencia por todos lados”, señaló, citando intentos previos relacionados con el Catatumbo, la reforma a la salud y la tributaria.
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Si se aprueba para Córdoba, Ramírez insistió en que debe ser “muy circunscrita” a medidas excepcionales y urgentes para conjurar la crisis en Montería, sin extenderse a otros temas. En un llamado directo a los entes de control, como la Contraloría y la Procuraduría, Ramírez urgió una vigilancia estricta sobre los recursos públicos.
Finalmente, la exvicepresidenta instó a gobernadores y al Gobierno Nacional a responder con acciones y no solo con discursos sobre el cambio climático.
Rechazo a la creación de nuevos impuestos
En ese contexto, el jefe de la cartera de Hacienda explicó que el Ejecutivo evalúa una medida tributaria orientada a recaudar estos recursos, basada en un impuesto al patrimonio aplicado a personas jurídicas, con salvaguardas para no afectar a las pequeñas y medianas empresas.
Según lo expuesto, el impuesto se aplicaría a patrimonios líquidos a partir de $10.000 millones, con una tarifa de 0,6% hasta los $30.000 millones y de 1,2% para patrimonios superiores, lo que impactaría a cerca de 15.000 empresas y permitiría recaudar aproximadamente los $8 billones que se estima costará atender la crisis humanitaria y ambiental.
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El Ministro indicó que el Gobierno espera que la Corte Constitucional valore la excepcionalidad de la situación que enfrenta la región Caribe, al momento de pronunciarse sobre la nueva Emergencia Económica.
El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, manifestó su preocupación ante esta propuesta, al asegurar que la implementación de este nuevo impuesto se traduce como un ataque a las empresas y a la capacidad de las mismas de invertir en el país. Argumentó que la propuesta del Gobierno sólo desembocará en una reducción de las capacidades de las grandes empresas para generar empleo y oportunidades a los colombianos.
“Anuncian impuesto al patrimonio para las empresas. Esto no es otra cosa que el impuesto a la inversión, el impuesto a la decisión de las empresas de tener recursos en Colombia para poder desarrollar el país”, indicó a través de sus redes sociales el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.
Gobierno responsabiliza a corporaciones regionales
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, exigió explicaciones sobre el manejo de más de 33.000 millones de pesos que estaban destinados a la mitigación del riesgo y advirtió que no permitirán que esos dineros terminen “malversados o usados con fines politiqueros”. Lea también: ¿Pudo evitarse la tragedia? Expertos señalan fallas graves en la gestión de Urrá
La cartera de Justicia cuestionó la administración de estos recursos por parte de organizaciones no gubernamentales y, en particular, por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú y San Jorge, encargados de los planes de restauración ecológica.
Idárraga señaló que, aunque el Gobierno implementó medidas para salvar vidas, tienen “el deber de preguntar qué pasó con los recursos públicos que debían prevenir esta situación”, ante unas afectaciones ambientales que se repiten en algunos territorios desde 2016.
